Pese a estar denunciados penalmente, funcionarios siguen en el cargo

TULA DE ALLENDE, Hgo., 8 de abril de 2015.- A pesar de que al menos cinco funcionarios del ayuntamiento han sido denunciados a lo largo del tiempo que lleva la gestión encabezada por el edil Jaime Jacobo Allende González, estos no han sido separados de sus encargos públicos.

Esto pese a que así lo tiene contemplado la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la cual dicta que todo funcionario sobre el que pese una denuncia penal debe de ser separado del cargo que ostenta hasta en tanto se aclare su situación jurídica.

Entre los empleados del gobierno local que han sido denunciados penalmente por la ciudadanía en poco menos de tres años y medio que lleva en funciones el actual gobierno se encuentran:

Adolfo Álvarez Templos, director de Reglamentos y Espectáculos; Erwin Reyes Serrano, ex inspector de Reglamentos y quien ya no tiene como tal un encargo público frente a la ciudadanía, pero de quien se sabe continúa en la nómina de la alcaldía, así como por lo menos tres oficiales de seguridad pública.

A esto se sumaron recientemente los elementos Ismael Corona Martínez y Francisco Flores Santos, segundo al mando del departamento de Asuntos Internos y Atención Ciudadana de la secretaría de Seguridad Pública y oficial de cargo, respectivamente.

Ellos fueron denunciados ante el Ministerio Público de Tula por Miguel Baños Martínez, quien inició la averiguación previa número 16/II/563/2015 contra ambos oficiales por los delitos de abuso de autoridad y daño en propiedad ajena, proceso que se origina por la destrucción de un teléfono celular propiedad del denunciante, mientras los indiciados hacían un recorrido de vigilancia por la avenida Hidalgo esquina con Manuel Rojo del Río, durante la primera semana de enero pasado.

En ese caso y de acuerdo con el afectado, los adscritos a Seguridad Pública lo intervinieron con palabras altisonantes, mientras Baños Martínez, tomaba algunas fotos de lejos a la fila que había afuera de la sucursal bancaria Santander, y como en primera instancia los policías se dirigieron al afectado de forma inapropiada, éste comenzó a grabarlos con el objetivo de exhibirlos en las redes sociales.

Los efectivos le tiran su celular al piso, ponen en marcha la patrulla que tripulaban y siguen su marcha, sin percatarse que el teléfono había quedado bajo una llanta de la patrulla, por lo que destruyen por competo el dispositivo electrónico.

Desde el día del incidente Miguel Baños ha acudido a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que los infractores respondan por los daños y que reciban la sanción correspondiente, sin embargo, sus peticiones, algunas mediante oficio, han sido ignoradas e incluso, acusó bloqueadas por el titular del corporativo, Carlos Benítez Oivares.