Ráfagas: Voracidad panalista
PACHUCA, Hgo., 4 de mayo de 2015.- De manera casi inesperada los acontecimientos de agresión por parte de cuerpos policiacos hacia “grupos étnicos minoritarios” en los Estados Unidos, ha ido en aumento de manera vertiginosa, especialmente durante los últimos tres años donde hemos sido testigos de las agresiones y asesinatos principalmente de afroamericanos pero también y muy comúnmente los hispanos hemos sido el blanco de estas criminales e injustificadas acciones cargadas de prepotencia, odio racial e impunidad.
En lo que respecta a tiroteos fatales a manos de policías como el ocurrido el miércoles en el Valle Bajo de El Paso en Texas, resulta casi imposible que el agente sea acusado de homicidio.Lo anterior se desprende de un trabajo periodístico realizado por The Washington Post y publicado hace unos días por el diario con sede en el Distrito de Columbia.
La consignación, el viernes, de seis policías de Baltimore, Maryland por la muerte del afroamericano Freddie Grey no se incluye en este conteo, debido a que el hombre de 25 años falleció a consecuencia de presuntas lesiones en la columna y no por disparo de arma.
En El Paso, el miércoles por la noche un agente del Departamento de Policía de esa ciudad disparó y mató a Erick Emmanuel Salas Sánchez, sospechoso de cometer un robo en la cuadra donde vivía.El oficial que le privó de la vida se encuentra bajo lo que llaman-suspensión administrativa-. La Fiscalía de Distrito definirá si presenta cargos y un gran jurado decidirá al final si se entabla un juicio.
En marzo de 2013, un oficial del Departamento de Policía de EL Paso(EPPD por sus siglas en inglés) mató aDaniel Sáenz, unfisicoculturista originario de esa ciudad, afuera de la cárcel del condado cuando era trasladado a un hospital en calidad de detenido para recibir atención médica.La versión oficial señala que Sáenz, la víctima, intentó atacar al policía y a un guardia privado, por lo cual se le disparó causándole la muerte.
En febrero de 2014, un gran jurado declinó establecer cargos en contra de Flores, quien posteriormente fue despedido de la corporación y ahora enfrenta una millonaria demanda civil por parte de la madre de Sáenz.
El reportaje del Washington Post, titulado “Thousandsdead, fewprosecuted” (“Muchos muertos, poco procesados”), señala que a partir de 2005 a nivel nacional de entre literalmente más de mil denuncias, sólo se han fincado cargos en contra de 54 oficiales por dispararle fatalmente a “alguien” durante su horario de servicio.El análisis fue realizado por el Post en conjunto con profesionales de la Bowling Green StateUniversity. El trabajo se basa en un amplio rango de registros públicos y entrevistas con funcionarios encargados de la aplicación de la ley, expertos judiciales y legales, con el propósito de identificar por primera vez a cada uno de los oficiales que enfrenta este tipo de cargos en tiroteos fatales desde 2005.
Se aclara que representan sólo una fracción de los miles de tiroteos fatales que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos cinco años.La definición de “oficiales” en el análisis va más allá de las policías locales, incluye agencias del sheriff y celadores de cárcel. También se incluyen casos de disparos accidentales.
Esto podría incluir casos como el de la muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca, un mexicano adolescente que fue muerto a tiros en territorio mexicano —en el Puente Santa Fe— por el agente de la BorderPatrol Jesús Mesa Jr.Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2010. Sergio Adrián al parecer le lanzó piedras a Mesa, quien se encontraba del lado estadounidense de la frontera y disparó al sentirse amenazado, matando al mexicano. El oficial en este caso no fue llevado a juicio.
Aun en los casos contados en que un oficial es llevado a juicio, por lo general se le fincan cargos menores y sale libre al poco tiempo, lo cual es una política común en la nación norteamericana, generando no solo una “cultura” de impunidad y terrorismo oficial hacia segmentos específicos de la población, sino también un ya violento clima de inconformidad hacia las autoridades policiacas que amenaza con desbordarse a niveles nacionales y con consecuencias que creíamos haber dejado atrás en el siglo pasado.