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PACHUCA, Hgo., 22 de junio de 2016.- El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), reveló que será hasta el próximo 7 de julio cuando se resuelva el juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, que interpusieron organizaciones civiles con el fin de frenar los “moches” entre los diputados federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados.
De acuerdo a información publicada en su portal de internet, el juicio de amparo se sustenta en el hecho de que en noviembre de 2015 los diputados federales excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al “crear” nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.
La Constitución mexicana, establece la facultad de iniciativa para elaborar y definir el contenido del Proyecto de PEF solo recae en el Ejecutivo Federal.
De esta manera, los diputados federales se atribuyen competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales.
Además, es importante destacar que los recursos utilizados para la creación de estos nuevos fondos irregulares provienen de recortes aprobados por los mismos diputados federales a programas en materia de salud y educación.
La motivación para la creación de los nuevos fondos irregulares es transferir recursos federales a las entidades federativas.
Ante el juicio de amparo, que se interpuso en febrero pasado la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó un recurso de queja contra su admisión, mismo que fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo.
Como resultado de ello, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses.
Ahora, el Juzgado de Distrito que conoció inicialmente el amparo, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio del presente año, con el fin de resolver la cuestión de fondo del amparo.