Hidalguenses sin seguridad laboral para el retiro

PACHUCA, Hgo., 26 de agosto de 2016.- Desde que la reforma laboral entró en vigor en 2012 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el número de hidalguenses que están asegurados para garantizar un retiro digno ha disminuido al pasar del 20 al 18 por ciento de la población general que cuenta con algún tipo de afore, de acuerdo con el estudio socioeconómico de estabilidad laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte reveló que el número de hidalguenses sin seguridad social ha crecido en los últimos cuatro años, pues las empresas privadas no cuentan con la capacidad económica para otorgar plazas similares a las que todavía existen en el gobierno, no obstante, las afores han funcionado como modelo de ahorro para el retiro, aunque tampoco han garantizado estabilidad económica para los trabajadores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) en 2015, de los más de 2 millones 800 mil habitantes del estado, alrededor de 504 mil hidalguenses sí están asegurados socialmente, es decir, que cuentan con algún tipo de respaldo médico en caso de enfermedad o emergencia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La encuesta coincidió con el Inegi en señalar que en 20 municipios del estado ninguno de sus habitantes cuenta con seguridad social, siendo Chilcuautla, Cuautepec, Mixquiahuala, Progreso, Singuilucan, Tasquillo, Tlahuelilpán, Villas de Tezontepec, Zacualtipán, Zempoala, Zimapán, Actopan, Agua Blanca, Alfajayucán y Tizayuca, las demarcaciones que más carencias presentan.

De la población que cuenta con seguridad social, el 68.40 por ciento posee el derecho médico del IMSS, mientras que el resto lo compone el ISSSTE, aunque Hidalgo se ubica por debajo de la media nacional en el número de trabajadores afiliados y que, además, cuentan con un fondo de retiro para su eventual jubilación.

Para Antonio Del Valle Bolaños, investigador de estudios económicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Hidalgo se encuentra en el vigésimo octavo lugar a nivel nacional en cuanto a las entidades con menores oportunidades y prestaciones para sus trabajadores.

El investigador aseguró que debido a la falta de industria y a las condiciones poco favorables producidas por la falta de políticas públicas para incentivar el empleo bien pagado en el estado, Hidalgo se mantiene como una de las entidades donde las mayores facilidades laborales se concentran en la burocracia gubernamental, la cual aumentó en el presente sexenio en un 14 por ciento al crear áreas de labor innecesarias.

“Las plazas que se tenían identificadas anteriormente como de confianza están desapareciendo a raíz de la reforma laboral de 2012 y ahora las empresas utilizan el modelo de la subcontratación que otorga trabajo a los jóvenes sin ningún tipo de estabilidad social”, sostuvo el académico del CIDE, quien se ha encargado de realizar estudios concernientes a las políticas públicas laborales en el país.

Agregó que los llamados “out sourcings”—empresas contratadas por otras empresas que contratan a los empleados sin los privilegios que cuentan las personas de mayor antigüedad—han crecido desde la implementación de la modificación constitucional, principalmente en los rubros de las actividades primarias y secundarias.

Estas empresas, dijo, se han posicionado como las principales contratistas entre las personas que se dedican a una actividad formal, y el 45 por ciento de los empleados de éstas son estudiantes o recién egresados de instituciones de educación superior.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal reveló que apenas el 30 por ciento de las empresas no entregan las garantías básicas de empleo a las personas, como son la seguridad social, bonos de productividad, vacaciones, aguinaldos, áreas de oportunidad, y cotización para la compra de una propiedad.

En el caso de los retiros para jubilación, las personas que actualmente trabajan y nacieron después de 1988 tienen menores oportunidades de encontrar un sitio laboral que les garantice condiciones estables, pues el IMSS no cuenta con la infraestructura económica para pagar las pensiones de los más de 2 millones de jubilados en el país, por lo que éste podría colapsar antes de 2030, añadió el académico.

Eduardo Gálvez Romero, asesor financiero en temas de afores, detalló que pese a que el gobierno federal ha intentado incentivar la cultura del ahorro entre la población, la mayoría de las personas no lo hace y aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recomienda guardar al menos 10 pesos diarios para el fondo de la vejez, un trabajador promedio podría recibir como estímulo apenas 86 mil 400 pesos, por lo que recibirá para su última etapa de vida menos de un salario mínimo actual.

Precisó que las cuentas de ahorro no funcionan, debido a la volatilidad del dólar frente al peso, pues en los últimos dos años la moneda norteamericana ha crecido su valor en 35 por ciento y no hay condiciones para establecer que para 2050 los fondos de ahorro de una persona permanecerán intactos y éstos se reducirán notablemente.

“Hay desconocimiento entre los jóvenes sobre las posibilidades que tienen de tener una vejez digna, actualmente sólo les preocupa tener un trabajo y ver el dinero inmediato, pero después se les olvida, o piensan que van a hacer su propia empresa exitosa y desafortunadamente no tienen futuro de esta forma”, lamentó el asesor financiero.

Ante ello, cada año egresan de instituciones públicas y privadas cerca de 10 mil universitarios en el estado y apenas el 40 por ciento son contratados, aunque de éstos, sólo un 12 por ciento cuentan con seguridad social, de acuerdo con datos del Inegi.