Radar Político: Gobierno fuerte…

PACHUCA, Hgo., 12 de septiembre de 2016.- El gobernador Omar Fayad Meneses inició su gestión el lunes 5 de septiembre, rindiendo protesta en una sesión solemne del Poder Legislativo, que dejó claro la fuerza política del nuevo mandatario, quien logró convocar a 14 gobernadores de igual número de entidades federativas, así como a tal cantidad de senadores de la República, que ese día entre broma y en serio, hacían notar que ahí mismo podría haberse llevado a cabo una sesión del Senado y que por el número de legisladores que eran, todos los acuerdos que tomaran serían válidos.

A la sesión solemne acudió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la representación del presidente Enrique Peña Nieto; y además la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga en su calidad de enlace con la administración federal; políticos, empresarios, líderes religiosos, artistas, deportistas, representantes de medios de comunicación e integrantes de todos los sectores sociales, que confirmaron la fuerza del nuevo gobierno.

Un día antes el mismo Omar Fayad se encargó de dejar en claro quién es el jefe político en la entidad, al presentar como integrantes del gabinete legal, a personas afines únicamente al gobernador y que no representan a partidos o cuotas a grupos políticos; los movimientos en las diversas áreas así lo confirman y ello seguramente será bueno para el estado.

Pifia legislativa…

Y las y los diputados de la LXII Legislatura que culminó su periodo, no se fueron sin cometer la última de las muchas pifias en las que incurrieron durante su gestión; para cerrar con broche de oro su cadena de errores, llevaron a cabo la designación del ex-magistrado Javier Lara Salinas como procurador general de justicia del estado y en sustitución de Alejandro Straffon Ortiz, aparentemente sin que se cumplieran los requisitos legales para desempeñar tal cargo, lo que podría empañar el trabajo del nuevo titular del Ministerio Público, por no iniciar su labor en el marco de la ley.

Quien conoce a Javier Lara Salinas sabe que tiene una formación académica muy sólida, una trayectoria en el Poder Judicial que lo llevó hasta la magistratura y que su conocimiento técnico-jurídico de la norma lo hace cumplir el perfil adecuado para la procuraduría, pero de acuerdo a la legislación hidalguense, quienes se desempeñan como magistrados del tribunal electoral, una vez que hayan dejado el caro no podrán asumir función alguna en la administración pública por un periodo de dos años y de eso no parecieron darse cuenta los diputados a la hora de analizar la terna propuesta por el ex-gobernador Francisco Olvera y la cual también estuvo integrada por Olaf Hernández e Iram Zúñiga.

Javier Lara dejó el cargo de magistrado un día antes de ser propuesto en la terna; técnicamente estaba impedido para ser procurador y sin embargo lo es; y lo seguirá siendo porque no habrá quien impugne esa designación, pero aun y cuando cubra el perfil, los diputados salientes confirmaron que son especialistas en la errónea interpretación de la ley.

¿Se impugnarán?…

Y donde ya se analiza la posibilidad de sí impugnar algunas de las últimas decisiones del ejecutivo saliente, es entre los notarios de Hidalgo, muchos de los cuales se muestran inconformes por la entrega de última hora que se hizo de muchas notarías para favorecer a funcionarios que se quedarían sin trabajo, pese a que varios de ellos no cumplen los requisitos para el ejercicio notarial y algunos ni siquiera lo ejercerán, es decir, recibieron la patente pero nombrarán a un adscrito.

Entre los nuevos notarios se encuentran el magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, quien ya dijo que no ejercerá mientras continué al frente del Tribunal Superior de Justicia; el ex-procurador Alejandro Straffon Ortiz y el ex-secretario de Trabajo, Valentín Echavarría Almanza, así como familiares –por ejemplo- del ex-diputado Luciano Cornejo, por lo que algunos notarios pese a no contar con el respaldo del Colegio que los agrupa, ni de las barras, colegios y asociaciones de abogados “por agachonas”, analizan como podrían impugnar eso.

Están animados porque hace unos días se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor de diversos abogados de Chetumal, una serie de Juicios de Amparo a través de los cuales impugnaron el otorgamiento de 45 nuevas notarías que en Quintana Roo, se concedieron por amiguismo y favoritismo, más no por capacidad ni perfiles jurídicos. Algo así es lo que pretenden promover desde Hidalgo; a ver si es cierto que llevan el asunto ante el máximo tribunal del país o si siguen de agachones aguantando las decisiones tomadas por el ejecutivo para dar notarías como “pago de marcha” a los funcionarios más consentidos de la administración.

Sin corrupción…

El nuevo gobernador advirtió públicamente que no solapará actos de corrupción, abusos, ni arbitrariedades por parte de los servidores públicos del gobierno, por lo que resultó muy significativo que a la primera denuncia pública de un hecho irregular y grave, atribuible al hasta hace unos días Coordinador Estatal de Seguridad, Roberto Cordero Mercado, se haya procedido de inmediato a su destitución y que además se haya instruido al secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, para que se iniciara un procedimiento de responsabilidad contra el ex-funcionario.

A Roberto Cordero se le atribuye el haber encubierto un atropellamiento en el que supuestamente incurrió su hijo, hechos ocurridos el 7 de septiembre en el bulevar Everardo Márquez de Pachuca.

Lo que no se sabe es si se procederá también en contra de otros ex-servidores públicos, a los que igualmente se les atribuyen conductas indebidas, como es el caso del ahora ex-director del COBAEH, Alberto Islas Lara, de quien en los últimos salieron a relucir muchas presuntas irregularidades en los estados financieros de la institución, gastos millonarios en transporte, medios de comunicación, rentas, uniformes, otorgamiento de becas salariales a sus amigos –incluso a la presidente municipal de Zempoala-, además de que días antes ya se habían divulgado acciones de supuestos robos y desvíos de recursos atribuibles a este personaje.

Falsificación de firmas y documentos, compras a sobreprecios, adjudicación directa de contratos que deberían ser por licitación, la construcción de una residencia en la carretera Pachuca-Tulancingo, acoso, maltrato a trabajadores y muchas cosas más, son las que le achacan a Islas Lara.

¡Si a Roberto Cordero le iniciaron un proceso de responsabilidad, porqué a Alberto Islas no?

Twitter: @JoelSanRadar