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TULA DE ALLENDE, Hgo., 25 de septiembre de 2016.- Poco más de seis años han pasado desde que inició a proyectarse el que se pensaba sería un Relleno Sanitario Regional (RSR) para la disposición de desechos sólidos para Tula y sus municipios más próximos, sin embargo tal precepto continúa sin cumplir las disposiciones legales y ecológicas para ser llamado como tal, además de que en más de un lustro ha acumulado múltiples denuncias por irregularidades referente a la disposición final de desechos industriales, clínicos y en general.
Es una problemática con historia, que las autoridades han desestimado so pretexto de que los propietarios del terreno en que se ubica más que pelear por un asunto ambiental y de salud piensan en un tema económico, que deriva de que el 31 de enero cuando venció el contrato de arrendamiento, el gobierno del estado ni los municipios quisieron subir la renta por el espacio, no obstante las pruebas son palpables. Basta con recorrer las instalaciones de las celdas que lo conforman para dar cuenta de la inmundicia que priva en el lugar.
En las anteriores líneas se haya el principio de las primeras dos irregularidades, ya que en el momento de que los propietarios del predio donde se asienta el relleno, Irma León Tovar y Vinicio Velázquez León, firmaron el contrato de arrendamiento del basurero regional, en el que actualmente depositan sus desechos Atitalaquia, Atotonilco, Tlahuelilpan y Tula, signaron una cláusula que prohibía subarrendar el multicitado terreno, y, pese a ello, el primero de noviembre el ex secretario del Medio Ambiente estatal, Honorato Rodríguez Murillo, celebró un contrato con el Grupo Comercial en Hidalgo Arcángel, S.A. de C.V., con una vigencia sujeta a la fecha en que dure la extracción de residuos sólidos urbanos, resultantes del saneamiento de los sitios a tiradero abierto, sin tomar en cuenta a los promoventes.
En vista de esta primera “arbitrariedad” los dueños del terreno, conformado por dos parcelas, referenciadas con los números 170 Z-2PI/2 y 92 Z-2PI/2, demandaron la nulidad del contrato a comienzos de 2013, tiempo desde el cual comenzó una batalla legal y mediática entre Irma León y Vinicio Velázquez, valiéndose de su apoderada legal, Argelia Velázquez León, la cual incluye varios resolutivos a favor de los demandantes por encima de las autoridades, una recomendación de Derechos Humanos (DH), dictámenes ambientales de dependencias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como varias manifestaciones, cierres del RSR y represión policíaca. Aun así persiste la indolencia y la inobservancia de los emplazamientos.
La recomendación de los DH, emitida el 27 de agosto de 2014 y radicada en el expediente CDHEH-VGJ-2735-13, dicta que en efecto -de acuerdo con las pruebas presentadas por los demandantes- se violan los derechos humanos a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud ante la complacencia y consentimiento de la gestión que presidía Francisco Olvera Ruiz y los ayuntamientos que fungieron en los cuatro mencionados municipios durante el periodo 2012 - 2016.
Además el informe de DH da cuenta de que doce aspectos de los que debería cumplir un confinamiento de basura para ser considerado relleno sanitario, el RSR de Tula sólo cumple con uno y parcialmente con otro, por lo que no se atienden 10 aspectos los cuales se resumen en el siguiente gráfico:
Durante al menos 4 años que lleva en boga la problemática, Argelia Velázquez ha denunciado en múltiples ocasiones que otra grave anomalía cometida por el gobierno del estado anterior mediante el ex secretario del Medio Ambiente, Honorato Rodríguez fue la autorización de que empresas como Pemex y CFE depositaran residuos industriales tóxicos en el RSR, así como de cementeras y otras tantas empresas particulares, situación por la que se le demandó como responsable de la SEMARNATH.
La gestión de Paco Olvera y su gabinete, incluyendo a Honorato Rodríguez Murillo cumplen más de dos semanas de haber dejado el encargo, pero heredaron la problemática del tiradero a cielo abierto de Tula a la gestión de Omar Fayad Meneses, quien no sólo tendrá que pensar de manera inmediata en construir otro relleno sanitario regional ante el presente llenado a tope del confinamiento de sólidos y es que cabe resaltar que en una visita reciente por el inmueble se pudieron observar montañas de residuos que alcanzan de 8 a 10 metros de altura por unos 80 de diámetro.
La manifestación o bloqueo al predio del RSR por parte de Argelia Velázquez ocurrió hace apenas un par de semanas en el cual denunció que todas las anomalías cometidas desde un principio solapadas por las autoridades siguen tal y como iniciaron, sin atenderse y que incluso algunos aspectos han empeorado, como el hecho de que se siguen depositando en el inmueble residuos industriales y quirúrgicos, presumiblemente tóxicos.
Asimismo dijo que ahora las dos parcelas que arrendaron para el RSR quedarán inservibles y que posiblemente nadie responda por los daños, aunque emplazaron a Omar Fayad a revisar las anomalías y dijeron que si de verdad quiere hacer algo por Tula y su región que entonces debería atender y solucionar la problemática del tiradero a cielo abierto.