Alcaldes de oposición comprometidos con el estado: Menchaca
PACHUCA, Hgo., 26 de octubre del 2016.- La diputada local del PRD, Simey Olvera Bautista presentó una iniciativa para evitar que los magistrados electorales asuman un cargo público en la administración estatal inmediatamente tras dejar su cargo, como ocurrió recientemente con Ramiro Lara Salinas, quien dejó la magistratura para ocupar la Procuraduría General de Justicia.
La iniciativa de la legisladora plantea que ningún magistrado electoral sea postulado para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, como lo establece la ley federal.
Agregó que el Tribunal Electoral debe resolver conforme a derecho las sentencias, evitando que sus determinaciones se vean indebidamente desviadas por intereses personales, por ello cuando se presentan nombramientos de magistrados electorales a determinados cargos públicos, provocan incertidumbre, sobre todo si cumplen o no con los requisitos previamente establecidos en la ley.
Citó que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en su artículo 37 refiere que “concluido su encargo, los Magistrados no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un periodo equivalente a una cuarta parte del tiempo que hayan ejercido el cargo.”
Mientras que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 18 establece multas de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, desempeñen cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.
Por ello, puntualizó que para definir los tiempos en que un magistrado del Tribunal Electoral pueda asumir un nuevo cargo, se hace necesario aprobar dicha iniciativa, para evitar que estos funcionarios electorales asuman un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.