Radar Político: Muy grave…

PACHUCA, Hgo., 6 de marzo de 2017.- Muy grave resulta que mientras el Gobierno del Estado de Hidalgo expresa su rechazo a la realización del concurso Mini Belleza Latina Hidalgo, -como resultado a las denuncias periodísticas y de organizaciones sociales que advertían que las participantes podían ser víctimas de delitos de carácter sexual-, haya salido a relucir que tras la organización del certamen y con el papel de patrocinadora oficial, estuviera la señora Miriam Jasso, esposa del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Benjamín Rico Moreno.

Desde que se inició la difusión de la convocatoria al certamen, fue público que la denominada Escuela Internacional de la Imagen GLAMM patrocinaba el evento, es más, el casting para las menores se realizaría éste 14 de marzo en sus instalaciones, que son la oficina de la esposa del funcionario; sin embargo ahora lo han pretendido negar y ocultar, es más, como medida de presión hacía los medios de comunicación, recurrieron a las advertencias de que procederían legalmente en contra, olvidándose de que por encima de su frívolo evento está el interés superior de la protección a la infancia.

El miércoles 24 de febrero se publicó por primera vez la advertencia de lo que Mini Belleza Latina representaba como riesgo para las niñas de Hidalgo y la reacción de los organizadores fue de amenazas y prepotencia, advertencias y señalamientos de mentirosos hacia los periodistas y finalmente el Gobierno les canceló su evento. Por lo grave que es que personas con poder económico y político hayan estado en el patrocinio del cuestionado evento, se vuelve obligado que se realice una investigación seria para determinar si atrás del concurso hay algún delito que perseguir o no, porque todo indica que algo se pretende ocultar.

QUE INVESTIGUEN…

Hace unas semanas el gobernador Omar Fayad Meneses anunció que se investigaría si la jubilación que se habían concedido los ex-funcionarios Flor de María López González, Roberto Terán Contreras y Pedro Sagahón Contreras había sido conforme a derecho o no y que muy pronto se conocerían públicamente los resultados.

Es el caso que aún no se conoce si el proceder de la ex-secretaria de la Contraloría y Transparencia, del ex-subsecretario del Transporte y del ex-director de la Policía Industrial, Bancaria y de Servicio se hizo o no acorde a la ley, pero en cambio si ha salido a relucir que otro ex-funcionario, José Vergara Vergara, también se jubiló el año pasado y con una pensión equivalente al 90% de su salario, algo así como 37 mil pesos, lo que al igual que en los otros tres casos resulta exagerado.

Todo indica que José Vergara que fungía como director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (CECULTAH), se sirvió con la cuchara grande antes de irse y eso debe aclararse, como también debe quedar claro qué pasó con los recursos que de los años 2013 y 2014, no le fue entregado a los promotores culturales de los municipios, hecho que salió a relucir el día que el mandatario estatal realizó la entrega de los apoyos 2015 y 2016 en un acto efectuado en el Museo del Ferrocarril.

Parece que la lista de ex-funcionarios que se valieron del cargo para auto beneficiarse de manera excesiva seguirá creciendo, por ello se debe investigar.

¿Y SALUD?…

Y esas no son las únicas cosas que deben investigarse a fondo, también el qué pasó en la Secretaría de Salud durante la gestión del ex-gobernador Francisco Olvera Ruiz, pues ésta semana se comenzó a difundir a través de algunos medios de comunicación, que se comienza la investigación de un posible fraude o desvío de recursos, que podría ser hasta de unos 400 millones de pesos, igual o superior al que se sospecha que ocurrió en la Secretaría de Educación Pública, en el periodo en el que fungió como titular Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira.

De acuerdo a las primeras informaciones que han trascendido en relación a la secretaría de Salud, las indagatorias apuntan hacia el ex-titular de Administración y Finanzas, Carlos García Sánchez, quien habría favorecido a personas vinculadas a él de forma muy estrecha.

Carlos García es hermano del ex-presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez y según las versiones que salen desde la misma secretaría, todas las irregularidades quisieron ser encubiertas haciendo perdedizos expedientes y documentos varios. Habrá que esperar para saber qué pasó.

CULPA A MAGISTRADOS…

Y la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, culpa a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), de la posibilidad de que la ciudad pierda hasta 120 millones de pesos en obras, según ella porque la sentencia del órgano jurisdiccional, que anula las facultades supralegales que le habían otorgado algunos miembros del cabildo, echa abajo un convenio que ella firmó para acceder a un fondo federal.

La mayoría de los regidores aprobaron que la presidenta municipal pudiera firmar convenios con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público sin que estos pasaran por la asamblea, pero los magistrados consideraron que eso es ilegal y en efecto así lo es; en la administración anterior, con los convenios que se firmaron con Moviparq y Autotraffic, ya se dieron muestras de lo mucho que pierde la ciudad si el Presidente Municipal actúa por encima de la ley y a espaldas del Ayuntamiento, pero en la alcaldía no parecen querer aprender la lección y quisieron repetir la historia.

Y lo habrían hecho si no es porque el tribunal que preside el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez les puso un freno con su resolución y ahora desde la presidencia municipal lo quieren culpar de que se pierdan fondos que ni siquiera se habían aprobado.

Lo que pasa es que los regidores de Tellería Beltrán no quieren trabajar; según el reglamento interior de la asamblea, para convocar a una sesión extraordinaria requieren por lo menos 72 horas, cuando en realidad deberían sesionar siempre que se requiera para que ni la alcaldesa ni nadie firmen convenios por encima de la ley. Por eso para no acudir a sesionar se les hizo fácil otorgarle facultades supralegales, para que sin vigilancia de los regidores hagan lo que quieran.

Twitter: @JoelSanRadar