Letras Minadas: Tráfico de influencias en el Registro de la Propiedad

PACHUCA, Hgo., 14 de marzo de 2017.- Entorpeciendo el proceso para llevar a cabo un embargo, el Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo se encuentra en el ojo del huracán, tras un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias para favorecer al acaudalado empresario minero y ex presidente municipal de Zimapán, César Sánchez Lozano, quien está a punto de perder una hacienda, producto de la deuda millonaria con una institución bancaria.

El juicio mercantil contra el poderoso empresario comenzó hace una década, cuando se ejecutó una orden de embargo en su contra, pero la falta del certificado para llevar a cabo la sentencia alargó el proceso legal, el cual se reactivó hace casi tres años.

La lujosa casona convertida en un Royal Spa, ubicada en la entrada del municipio de Zimapán, y que es propiedad de César Sánchez Lozano, (considerado como el cacique de aquella región), está a punto de ser embargada, para lo cual, el también ex diputado local ha recurrido a sus influencias dentro del Poder Judicial y del Registro Público de la Propiedad para evitar que prospere la acción mercantil en su contra.

En un expediente sobre el caso y cuya copia obra en poder de Quadratín Hidalgo, se acusan “sucias maniobras” por parte del ex edil para evadir la deuda, en contubernio con Guillermo García Sánchez y David Ortiz Labra, ex director y actual encargado del Registro Público en Zimapán, quienes ignoraron la orden del juez para inscribir el embargo y ejecutar la sentencia.

Incluso, estas anomalías se le hicieron saber al ex titular de dicha dependencia en Hidalgo, Carlos Magaña, cuyo silencio evidenció su complicidad en el caso, o al menos así lo manifiestan quienes están al frente del embargo.

El asunto salta, sobre todo porque uno de los ejes del actual gobierno es el combate frontal a la corrupción, directriz que están ignorando en el Registro Público de la Propiedad, donde pareciera que la prioridad es garantizar la protección de los inmuebles de Sánchez Lozano, aún por encima de la ley.

Twitter: @AlexGalvezQ