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PACHUCA, Hgo., 28 de marzo de 2017.- La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Simey Olvera Bautista presentó un exhorto ante el Congreso local para reformar la ley, y evitar casos como el registrado en la administración del ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, donde 115 funcionarios se dieron una pensión.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora perredista puntualizó que urge aprobar una serie de reformas a la ley, “para evitar que un pequeño grupo de exfuncionarios estatales puedan perjudicar al erario público”, atendiendo además los temas de anticorrupción que se ha planteado el gobierno hidalguense.
Olvera Bautista calificó como “ofensivos”, los montos de pensión que se asignaron algunos ex servidores públicos, en contraste con los salarios de la mayoría de los trabajadores pensionados.
“Recientemente la Contraloría del estado reveló que en la administración anterior se otorgó la jubilación a 115 funcionarios, con un monto de hasta el 100 por ciento de su salario. Ello implica un perjuicio considerable a las finanzas de nuestro estado, en un hecho cuyo impacto económico alcanza los 9 millones anuales en el presupuesto estatal”, acusó la legisladora.
Refirió que entre los ex servidores públicos que se asignaron una pensión mensual de 52 mil, 25 mil y 22 mil pesos respectivamente, destacan Flor de María López González, ex secretaría de la Contraloría en el gobierno de Olvera Ruiz, y que antes despachó en el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia Gubernamental; así como Roberto Terán Contreras, quien ejerció como subsecretario del Transporte, y Pedro Sagahón Contreras, quien fungió como director de la Policía Industrial Bancaria (PIB).
Agregó que López González se jubila con una pensión equivalente al 100 por ciento de su salario, en tanto que Terán Contreras y Sagahón Contreras se jubilan con pensiones del 54 por ciento y 55 por ciento de sus salarios, respectivamente, en un hecho que lacera enormemente a la clase trabajadora, cuyas pensiones se alejan por mucho de semejantes cifras.
Lamentó que éstas acciones se llevan a cabo, debido a que el actual marco legal así lo permite, toda vez que la Ley de préstamos, compensaciones por retiro y jubilaciones vigente en nuestra entidad federativa así lo prevé, sin establecer alguna excepción en los casos que perjudiquen a las finanzas públicas estatales, por lo cual insistió en reformar la ley, la cual carece de prohibiciones que evitarían situaciones tan lamentables como la que se está abordando.
«Es importante que revisemos la Ley de préstamos, compensaciones por retiro y jubilaciones, para poder establecer las medidas necesarias que nos permitan en primer lugar, establecer un tope salarial justo, y en segunda instancia revisar la modificación legal que impida contabilizar como parte del servicio los años de ejercicio como altos funcionarios en puestos de confianza», rendondeó.
La perredista comparó la pensión que reciben los trabajadores que cotizan al IMSS o aquellas que tienen una afore, contra aquella que se aignaron los ex funcionarios de Olvera.
«Para trabajadores que cotizan al IMSS, las personas que tienen una afore y alcancen hasta los 65 años un ingreso mensual de hasta 6800 pesos, recibirán 2857 pesos mensuales que es la pensión mínima garantizada por medio de la aportación complementaria del gobierno federal para quienes por su ingreso no alcanzan el saldo mínimo o las semanas cotizadas correspondientes en su cuenta individual de AFORE. Esto significa que las personas que actualmente ganen por debajo de 3.33 salarios mínimos mensuales solo alcanzan la pensión mínima garantizada, este es el gris panorama de más del 46 % de la población económicamente activa de nuestro estado».
«Es tan desequilibrado que personas que han trabajado más de 40 años reciban una pensión de tres mil pesos a diferencia de los exfuncionarios con jubilaciones escandalosas y deja ver un posible trafico de influencias», insistió
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