Avalan acuerdo para resolver controversias con legalidad y objetividad

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril de 2017.- La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo propuesto por el coordinador de la bancada legislativa del Partido Encuentro Social (PES), Alejandro González Murillo, para, con motivo de los hechos acaecidos en Tijuana, Baja California, exhortar a las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales en toda la República mexicana, a resolver las controversias con base en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

En ese sentido y con el respaldo mayoritario, la Cámara baja también instó a las autoridades jurisdiccionales a que se alejen “de cualquier criterio electoral” al momento de emitir una resolución.

Durante la argumentación y discusión en la que participaron los diputados Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena), Virgilio Mendoza Amezcua (PVEM), David Gerson García Calderón (PRD), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI) y José Máximo García López (PAN), los diputados de Encuentro Social, en voz de Abdies Pineda Morín, hicieron referencia al caso de la inhabilitación, por parte del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, el cual dio origen al punto de acuerdo.

Sostuvo que la inhabilitación sólo se entiende como una medida desesperada de los desgobiernos estatal y municipal, para cerrarle el paso e impedir contender en la elección de Gobernador, en los comicios de 2019, a quien ostenta una carrera en el servicio público mayoritariamente respaldada por la sociedad que se reconoce ávida de un cambio edificante y socialmente deseable.

“Es una cobardía apenas entendible por el bajísimo perfil y estatura política del gobierno municipal y estatal en funciones”, enfatizó Pineda Morín.

Ante ello, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social sostuvo en las consideraciones del punto de acuerdo, que no resulta digno usar “triquiñuelas jurídicas” para impedir que Leyzaola Pérez siga sirviendo a los bajacalifornianos y tijuanenses desde la arena política.

“Es tiempo que los principios del derecho electoral animen la función jurisdiccional para liberarla, precisamente, de toda consigna electorera”, sentenció el GPPES.