Radar Político: Millonario botín…

PACHUCA, Hgo., 24 de Julio de 2017.- La dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), dio a conocer el inicio de una carpeta de investigación, a cuya integración se aportarán todas las pruebas posibles para sancionar y proceder penalmente, en contra de ex-funcionarios de la pasada y la actual administración estatal, que en colusión con un grupo de proveedores particulares integraron una red de corrupción para apropiarse de 663 millones de pesos en un periodo de 26 meses.

El asunto involucra las firmas del ex-subsecretario de Finanzas de la SEPH, Pablo Pérez Martínez y del ex-subdirector de Recursos Financieros, José Antonio Turrubiarte Delgado, el primero de ellos prófugo y el segundo, recién salido de la cárcel de Pachuca donde pasaba unas vacaciones por otras pillerías igual multimillonarias.

Y el desfalco que incluye peculado, colusión, negociaciones indebidas, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, niños aviadores, sobrefacturación y muchas cosas más, se cometió en la operación y ejecución del programa Escuelas de Tiempo Completo coordinado por Luis Fuentes Hernández, que al igual que Pablo Pérez y Antonio Turrubiarte, fueron funcionarios de la SEPH por disposición y gracia del ex-gobernador José Francisco Olvera Ruiz, con la singularidad de que hasta principios de mayo de este 2017 seguía siendo coordinador estatal del PETC, es decir, que logró trascender de una administración a otra.

Siguió siendo funcionario mientras ya se le investigaba.

¿VA EN SERIO?…

A decir de Carlos Emigdio Arozqueta Solís, director de Asuntos Jurídicos de la SEPH, el asunto va en serio, la denuncia penal ya está interpuesta y también en la Contraloría están en marcha los procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los servidores y ex-servidores públicos involucrados, lo cual se oye muy bien, pero resulta insuficiente ante un desfalco multimillonario, por el que la gente, el pueblo, querrá ver en prisión a los responsables, pues el dinero estaba destinado a la alimentación de 89 mil niños y no se hizo.

Dicho en otras palabras: Se enriquecieron a costa del hambre de miles de infantes hidalguenses. Tiene que castigarse.

Parece ser que hay muchísimas pruebas e información cruzada para acreditar el desfalco y desmantelar la red de corrupción. Pero lo deseable es que no quede todo en la captura de “charalitos” y que los “peces gordos” sigan gozando en libertad. Hasta ahora, nadie ha mencionado si el ex-secretario Miguel Ángel Cuatepotzo o su antecesor Joel Guerrero Juárez tienen alguna responsabilidad y casualmente fueron ellos quienes nombraron funcionarios a Pablo Pérez, Antonio Turrubiarte y Luis Fuentes.

Hay muchos asuntos aun por investigarse en la SEPH, se sabe de irregularidades en la aplicación de recursos en programas como el Nacional de Inglés; el Nacional de Prevención del Delito, México Conectado, Educación Especial y en Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, entre otros, pero pareciera no haber culpables de alto rango o que el combate a la corrupción, es solo en los niveles de infantería.

OTRO EJEMPLO…

La reciente aprehensión del ex-director de Radio y Televisión de Hidalgo, a quien se acusa por el delito de negociaciones indebidas por 77 millones de pesos, pretende exhibirse como un ejemplo más de que el combate a la corrupción va en serio en Hidalgo y hasta se le ha procurado una inusual difusión al caso, con tintes que incurren incluso en la violación al principio procesal de Presunción de Inocencia.

Pero la captura de Sergio Islas, no es precisamente un gran logro, mediáticamente sí, pero en combate a la corrupción no. Pues el delito de negociaciones indebidas implica que alguien aplicó o ejercicio mal el dinero, más no que se lo haya robado, como sí lo es en el caso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, donde las acusaciones son por peculado y otros ilícitos más.

Sin embargo se vuelve preciso que así como se logró la detención del ex-funcionario, que deberá responder y defenderse ante la justicia, se haga lo mismo con funcionarios y ex-funcionarios de mayor calibre, con ex-presidentes municipales que sí han logrado burlarse de la ley, que han causado daños patrimoniales enormes en agravio del estado y de los municipios, pero contra quienes no se ejerce en plan serio ninguna acción. Yolanda Tellería y Raúl Camacho, presidentes municipales de Pachuca y Mineral de la Reforma, dijeron que irían contra sus antecesores y no hay nada. Cómo creer que el combate a la corrupción va en serio.

EL ORDEN DE LOS DELEGADOS…

Y esta semana se concretó el enroque de funcionarios en las delegaciones federales de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como en la de Desarrollo Social (SEDESOL), donde sus titulares Víctor Hugo Velasco Orozco y Onésimo Serrano González, echaron cambio de oficinas y responsabilidades.

Queda claro que en el proyecto al que pertenecen, el orden de los delegados no altera el producto y que todo sigue como si nada. Pero el enroque se generó luego del escandalito en el que se vio involucrado en redes sociales el ahora delegado de SEDATU, Onésimo Serrano, quien hasta podrá presumir “golpe que no mata, te fortalece”, pero que dejó muy en claro una de las debilidades de la dependencia que encabezaba, así como su pésima política de comunicación social.

Un chisme que surgió en redes sociales, referente a su vida personal y privada, no debió manejarse como un asunto de interés público, ni tratar de aclararse en instalaciones de una dependencia oficial; porque si acaso es cierto o no a nadie le importa (bueno, quizás al compadre sí) y por lo tanto debió tener un manejo distinto. Se dice que fue guerra sucia porque algunos lo ven como posible candidato a una diputación federal y como parte del grupo Rojo, lo cierto es que la erraron y mucho en su contestación y ello sí podría traerle consecuencias políticas. Al tiempo.

Twitter: @JoelSanRadar