“Ya no me gustó ser presidenta”, dice alcaldesa de Tulancingo
PACHUCA, Hgo., 12 de septiembre de 2017.- Tuvieron que pasar más de 2 años y medio para que Ricardo Enrique Alvizo Contreras, presidente de la Unión de Empresarios, Vecinos y Comerciantes de Valle de San Javier se pronunciara en contra de la instalación de los parquímetros, acuerdo que firmó su hermano Jorge Daniel en calidad de síndico procurador del ayuntamiento capitalino en febrero de 2015 durante la administración del priista Eleazar García Sánchez.
En conferencia de prensa, el representante de los colonos y empresarios de la zona residencial Valle de San Javier expuso que en un referéndum que se levantó entre locatarios, propietarios y vecinos de esta zona residencial, los resultados arrojaron una oposición del 75 porciento en que se instalen los parquímetros.
Si bien la aprobación en cabildo de la instalación de los parquímetros se dio desde febrero de 2015 y en la que participó Jorge Daniel Alvizo Contreras en su calidad de síndico procurador en ayuntamiento de Pachuca, hasta ahora su hermano se manifestó como perjudicado, en voz de los vecinos de Valle de San Javier.
Ante la pregunta de si su hermano por ser ex integrante del ayuntamiento tendría que rendir cuentas por su complicidad en la aprobación de este proyecto, Alvizo Contreras expuso de forma muy somera que si legalmente se fundamenta su responsabilidad, «se tendría que hacer lo pertinente».
«Aquí no se habla si hay cómplices o no… evidentemente y legalmente tengo entendido que hay un proceso de nulidad para el contrato, si establece quién infringió la ley, tendría que llevarse a cabo el acuerdo legal que tenga que suceder sin importar si es mí hermano», manifestó.
En febrero de 2015, el ayuntamiento de Pachuca aprobó la instalación de los parquímetros en donde formalizaron la disposición el Secretario General Hugo Espinoza Quiroz y el síndico procurador Jorge Daniel Alvizo Contreras, quién es cercano a la diputada local panista Gloria Romero León, quien hace unas semanas cuestionó al ayuntamiento de Pachuca por no tomar en cuenta al Congreso local para avalar la instalación de estos aparatos.
Ahora, tras el empleo del referéndum, piden la presencia y diálogo de la alcaldesa Yolanda Tellería y revisar los términos resultantes del contrato con MoviParq aprobado en la administración pasada.