No alcanza
PACHUCA Hgo., 27 de septiembre de 2017.- Los terremotos del mes de septiembre fortalecieron el espíritu de solidaridad de las masas populares, integradas en la vía pública y enlazadas en las redes sociales, constituyéndolas en el Cuarto Poder de México, poder que ha empequeñecido a los tres poderes del Estado mexicano, auto mutilados de influencia política y administrativa a consecuencia de la apática actitud para auxiliar a los millones de damnificados en varios estados del país y la Ciudad de México.
Los representantes del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación y del Poder Legislativo de la Unión reaccionaron tardíamente con el sismo del 7 de septiembre que devastó gran parte de los estados de Chiapas y Oaxaca, repitiendo dicha conducta, por coincidencia, como aconteció el 19 de septiembre de 1985, pero en este mes extendida a Puebla, Morelos, Guerrero y Estado de Mèxico. La abulia no fue chiripa, sino negligencia enraizada en todos los niveles del gobierno.
La nefanda pasividad de los tres Poderes dio paso, sin que mediara ninguna intención politiquera para que los mexicanos de todas las clases sociales, de todas las edades, levantados por los remolinos de la naturaleza se fundieran con un solo propósito: ayudar a los mexicanos en desgracia.
“CUARTO PODER” ADULADOR
Así nació el verdadero Cuarto Poder (con mayúsculas), no el cuarto poder adulador atribuido a la prensa por políticos lambiscones cuando se referían a periodistas influyentes de la calaña de Carlos Denegri en la época 1940-1960.
Dicha frase, Cuarto Poder, no escuchada desde hacía años, alguien la mencionó en las redes sociales para enaltecer a los miles de jóvenes y adultos voluntarios que ayudaron en labores de rescate en la Ciudad de México y en decenas de poblaciones devastadas por los terremotos.
Efectivamente, los jóvenes mal llamados “milenials”, han saturado las redes sociales con exhortos de ayuda, denuncias contra funcionarios deshonestos y impasibles; contra los robos de despensas; exhiben a gobernantes y a sus esposas en poses protagónicas.
Esos miles de jóvenes, de todas las capas sociales, que suman en estos días cientos de miles y que en poco tiempo serán millones, reclaman y seguirán reclamando como Cuarto Poder, que el gobierno federal, los gobiernos estatales, los senadores y diputados; los magistrados de toda índole; los indolentes miembros del clero católico y de otras religiones coadyuven en la reconstrucción del país.
LOGROS DEL CUARTO PODER
El Cuarto Poder ya logró que el Senado de la República diera, aunque moderada, una entrada a dos iniciativas de ley que buscan retirar de inmediato 74% de los ingresos previstos para los partidos en 2018 y crear un fondo de reconstrucción con prerrogativas de los partidos.
El Cuarto Poder obligó al PRI a presentar en la Cámara de Diputados una iniciativa para quitar los recursos públicos a los partidos, la eliminación de los 200 diputados federales y centenas de diputados locales plurinominales, a través del portavoz priista, César Camacho que, por casualidad, es diputado plurinominal por la quinta circunscripción.
Ese diputado hizo alarde de oratoria al anunciar que los diputados federales priistas donarán 40 mil pesos cada uno y que el partido “entregará” 248 millones de pesos correspondientes a las prerrogativas de este año.
Algo es algo. Pero aún faltan las “donaciones” del presidente Enrique Peña Nieto; de los presidenciables Miguel Osorio, Arturo Nuño, José Antonio Meade, José Narro, y de cientos de funcionarios de primer nivel. De los ex presidentes Luis Echeverría, Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo (de quien se dice renunció a la pensión, aunque sin pruebas).
Del millonario número uno de México, Carlos Slim, y de otros doce cresos; de los cardenales y obispos; de la constructora del Grupo Higa, que supuestamente regaló la Casa Blanca a Peña Nieto.
Quiérase que no, el Cuarto Poder está presente.
Reforma constitucional presentada por el PRI para poner fin a la figura de diputados y senadores plurinominales, a escala federal y en el orden estatal
Reforma constitucional presentada por el PRI para que —en las presidenciales de 2018— termine definitivamente el financiamiento total del dinero público a los partidos, para fines político electoral; reclamo generalizado que significaría el ahorro de casi 7 mil millones de pesos.