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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2017.- La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de los connacionales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio.
De acuerdo con El Universal, a Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato,Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en Retama Village, al sur de ese estado.
El día del asesinato, Ramírez Cárdenas y su amigo Tony Castillo supuestamente entraron a la habitación de Laguna y la llevaron a un paraje solitario, donde se perpetró el ataque. Más tarde, Castillo denunció a Ramírez Cárdenas y se entregó a las autoridades, que lo condenaron a 25 años de cárcel. Ramírez Cárdenas aceptó que había consumido alcohol y pastillas, pero argumentó que se quedó dormido y que el autor de los hechos fue su amigo.
Sin embargo, las autoridades han descartado varias apelaciones en la Corte Federal del Quinto Circuito de Texas, en las que se asegura que no se respetaron los derechos consulares del connacional, que fue golpeado por policías y obligado a firmar una declaración de culpabilidad. Además de Ramírez Cárdenas, hay 55 mexicanos que esperan ser ejecutados en todo EU, según el Death Penalty Information Center de ese país.
La SRE señala que hasta el 30 de junio registró a 75 connacionales que enfrentan procesos penales que podrían resultar en esa sentencia, mientras que el último informe del presidente Enrique Peña Nieto indica que entre septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, mediante el Programa de Asistencia Jurídica a casos de Pena Capital en EU, se atendieron 195 y se logró evitar la sentencia en 29, además de que se revirtió la ejecución de un connacional, es decir, que tenía fecha para el cumplimiento de su condena al haberse agotado los recursos para su defensa.
Entre diciembre de 2012 y junio de 2017 se atendieron 543 casos, en los que se evitó la pena capital en 186 y se logró revertir en dos oportunidades.
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