Foro Público: El Congreso fragmentado que se avecina

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo de 2018.- Los candidatos a la presidencia de la República prometen grandes cambios en el país que parecen ser las grandes soluciones, pero muchas de las propuestas no son meramente facultad del titular del Ejecutivo federal, pues tiene que consultar al Congreso de la Unión y con menos reflectores también se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados y 128 escaños del Senado que posiblemente tendrán una fragmentación de fuerzas políticas.

En el sistema democrático legal que impera en México muchas de las propuestas del primer mandatario deben ser observadas, discutidas y aprobadas por los diputados y senadores, pero en caso de tener una configuración fragmentada  de fuerzas políticas en la que no podría existir una clara mayoría de algún partido político, los opositores al nuevo presidente—sea quien sea—no estarán dispuestos a aprobar sus iniciativas, por lo que muchas de los planteamientos podrían estancarse.

Desde 1997, año en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ningún partido en sí mismo ha logrado tener mayoría en el poder Legislativo, razón por la cual muchas de las iniciativas de los mandatarios nunca prosperaron y por ello se generó una percepción social negativa sobre las propuestas de los presidentes.

En la llamada alternancia electoral que encabezó Vicente Fox en el 2000, el primer presidente panista acusó a los diputados y senadores del PRI de no apoyarlo en sus iniciativas, entre las que se encontraban las reformas estructurales y no logró maniobrar para conseguir sus objetivos, por lo que muchos ciudadanos recriminaron su falta de acción en el gobierno.

En el sexenio de Felipe Calderón ocurrió una situación similar, el congreso fragmentado, principalmente los perredistas que se ubicaron como la segunda fuerza política del país por el fenómeno López Obrador, tampoco aprobó ninguna de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo.

Con Enrique Peña Nieto, el PRI tuvo la facilidad de negociar con los demás partidos políticos para conformar los proyectos que estaban pendientes como las reformas estructurales  en el llamado Pacto por México a cambio también de que se aprobaran los mecanismos que el PAN y el PRD presentaron.

Sin embargo, para este año el país nuevamente está dividido, entre aquellos que siguen el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y quienes están en su contra, por lo que quien sea el próximo presidente de México tendrá que negociar con los demás partidos para llegar a acuerdos políticos, lo que será un termómetro para medir la eficiencia política del nuevo gobierno.

El poder Legislativo tiene el mismo nivel de importancia que el Ejecutivo, por lo que también es importante que como ciudadanos evaluemos las propuestas de los aspirantes a ocupar un lugar en la Cámara de Representantes, pues servirán de contrapeso para el nuevo gobierno.

De acuerdo con las últimas investigaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), los ciudadanos cada vez votan menos por el mismo partido para las tres opciones—presidente, diputados y senadores—ya que prefieren delegar el poder para que existan contra pesos que son necesarios en cualquier democracia.

En muchas ocasiones, los ciudadanos votan por el candidato y en otras por el partido, pero los electores más informados tienden a votar por tres propuestas distintas y con ello tener un Congreso más plural que ayuda a una discusión y debate público, pero para el nuevo mandatario será difícil negociar.

Aunque la mayoría de los ciudadanos tienen una imagen negativa sobre la labor de los legisladores por sus escasas propuestas e iniciativas amañadas que son perjudiciales para la sociedad, es necesario que para cambiar esta situación los ciudadanos estén más informados para tomar una decisión más consciente sobre la mejor opción que nos representarán en la representatividad federal y local.

Además, a partir de septiembre la nueva legislatura tendrá la función de discutir y aprobar el nuevo paquete fiscal económico de 2019, en el que se definirá la manera en la que se aplicarán los recursos el próximo año y que también será fundamental para el nuevo gobierno.