Invirtió Hidalgo cerca de 350 mdp en infraestructura de salud
PACHUCA, Hgo., 12 de mayo de 2018.- Desde la negación del servicio médico durante el embarazo, la atención que le den a la mujer durante el parto o la imposición de métodos anticonceptivos, son acciones consideradas como violencia obstétrica; sin embargo, las mujeres lo desconocen, explicó María Concepción Hernández Aragón, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM).
Ante el entorno de inseguridad que rodea a las mujeres, poco se habla acerca de la violencia ejercida en su contra en situación de embarazo, o bien, la violencia obstétrica; aunque no sea un tema recurrente, no garantiza que no esté presente.
En entrevista para Quadratín Hidalgo, la titular del IHM, Hernández Aragón explicó que la principal razón por la que no hay conocimiento sobre el tema, es por la desinformación, ya que las mujeres no identifican cuando son o no víctimas de violencia obstétrica.
Los servidores públicos que laboran en los centros de salud son a quienes se les podría atribuir el delito de violencia obstétrica.
“Tiene variantes este tipo de violencia, desde la negación del servicio medico durante el embarazo, una deficiente atención, hasta la atención que le den a la mujer en el momento del parto, el trato, comentarios o si la atienden de manera oportuna con calidad y calidez, que es en lo que la mayoría de veces se demanda” explicó.
Otro tipo de violencia que se cataloga en este apartado es la obstaculización a la madre para negarle tener un contacto directo con su recién nacido.
“Se denomina en términos médicos acercamiento precoz, que es muy recomendado, y que, si el servicio médico lo impide sin causa justificada, eso también se puede leer como violencia obstétrica”.
Una situación importante es la esterilización forzada, es decir la implementación de métodos conceptivos “sin que la mujer este debidamente informada y sobre todo sin que tenga su consentimiento”.
Finalmente, consideró que para atender esta problemática de desinformación, es importante la colaboración no únicamente de las instituciones de salud, del gobierno o centros de atención a la mujer, sino también de la ciudadanía quien al tener alguna situación en la que sienta que sus derechos han sido violentados, acudir a instancias para recibir orientación.
Una vez que algún caso sea de conocimiento público, la Comisión de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de atender y emitir un juicio de conciliación.