Urgen a candidatos a la Presidencia garantizar protección a víctimas

• Abogados advierten que la Norma Oficial Mexicana de Salud 046 representa una “puerta abierta” para la comisión, sin castigo, de delitos de violación y abuso sexual en contra de mujeres, particularmente menores de edad.
• Urgen que los candidatos a la Presidencia de la República incorporen en su agenda de gobierno la modificación de la Norma, para garantizar la protección integral de las mujeres víctimas de violación.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de mayo de 2018.- Los delitos de abuso, violación y explotación sexual -principales amenazas contra mujeres, niñas y adolescentes, según datos oficiales- alcanzan día a día “carta de naturalización” en México, a consecuencia de disposiciones legales ambiguas cuya aplicación resulta fuera de tiempo, alertan los abogados Christian Acosta García y Francisco Vázquez-Gómez Bisogno.

Es el caso, advierten, de la Norma Oficial Mexicana 046, cuya redacción abre la puerta para que no solo no se atienda de manera integral la mayoría de los casos de violación a mujeres, sobre todo si son menores de edad, sino que genera vacíos en lo que se refiere a dar parte, denunciar, investigar y castigar a los agresores, colocando a las víctimas en riesgo de sufrir más agresiones.

En un comunicado de prensa, los abogados denunciaron que mientras la sociedad reclama frenar la impunidad a esos delitos, la NOM 046, que carece de claridad, alienta la comisión de agresiones sexuales sin castigo, ante la pasividad de la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión.

Estamos frente a una norma que es un espejismo de solución porque la impunidad implícita en su aplicación representa su “Talón de Aquiles”:

Por un lado, busca atender a las víctimas de los delitos de violación, pero por otro propicia que los violadores de mujeres, niñas, adolescentes, sigan libres y sin castigo, al tiempo que la falta de claridad normativa diluye la atención interinstitucional y coordinada, en claro perjuicio a las agredidas.

os abogados Christian Acosta García y Francisco Vázquez-Gómez Bisogno hicieron un enérgico llamado a los candidatos a la Presidencia de la República: Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña; Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala, entre otros, a que incorporen en su agenda de gobierno la urgente modificación de la referida NOM046. El objetivo es:

Modificar la redacción vigente al numeral 6.4.2.7, con el fin de garantizar una verdadera atención integral a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación, con pleno respeto a sus derechos.

Para ello se propone dar vista inmediata a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer una coordinación con el Ministerio Público; hacer valoraciones especializadas, brindar asesoría integral a víctimas y ejercer una representación coadyuvante e involucrar de manera obligatoria a instituciones y dependencias.

Además, establecer la aplicación urgente de acciones de protección y apoyo a niñas y adolescentes que han sido víctimas de una violación, por ejemplo, canalizar a la menor a un centro de asistencia social para una valoración especializada e inmediata, verificación obligatoria por parte del personal de salud de los hechos denunciado o revelados; y que las autoridades competentes verifiquen la calidad de víctimas previo a la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo”.

VACIOS LEGALES GENERAN DESATENCIÓN INTEGRAL

Como prueba de la ineficacia en el tratamiento de las violaciones sexuales a menores, los especialistas citaron datos del Informe Final del Diagnóstico Cuantitativo sobre la Atención de la Violencia Sexual en México, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que evidencian vacíos en estrategias de coordinación y mecanismos de comunicación que protejan efectivamente a las afectadas.

En el periodo 2010-2015, según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de un total de 2 millones 598 mil 543 hombres, mujeres, niños y niñas víctimas sexuales registradas en 22 estados, en el 80.1 por ciento de los casos las víctimas regresaron a su casa y sólo una fracción de las mismas fueron canalizadas al DIF nacional o estatal, a un refugio, al Ministerio Público o a una agencia especializada.

Por si fuera poco, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica (2017), muestra que un 95.4% de los delitos de tipo sexual en México no son denunciados por lo que forman parte de la “cifra negra”.

Concluyeron: los vacíos y ambigüedades en la norma auspician que violadores y explotadores sexuales de menores estarían obligando a sus víctimas a acudir a los servicios de salud a terminar con un embarazo, y en la medida en que en esos centros de salud no tienen clara la obligación de dar parte a la autoridad y garantizarles a las víctimas apoyo interinstitucional especializado, el beneficiario directo es el propio violador.