Laboratorio Público/ 100 días
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto de 2018.- La corrupción nos está matando, es una frase recurrente en las mesas de intelectuales y en los foros de debate y discusión política con respecto a casos escandalosos se han exhibido en este sexenio, desde el presidente de México hasta los gobernadores y alcaldes, pero lamentablemente la corrupción—como la humedad—permea en todas las esferas de la sociedad y la responsabilidad es compartida entre el corruptor y el corrompido.
En las pasadas campañas electorales el discurso del combate a la corrupción fue una de las banderas que enarbolaron los candidatos a la presidencia de la República, sabiendo el hartazgo que existe en la sociedad por la forma en la que han actuado las personas que han ostentado el poder en los últimos años, y es que hay razones serias para enfadarse, indignarse y probablemente llenarse de rabia por este tema, pues hay cifras que podrían dejar helado a cualquiera.
Transparencia Internacional detalló que México se ubica como el segundo país más corrupto del continente, sólo por debajo de Venezuela, mientras que el Banco Mundial sostuvo que hasta el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país es destinado a la corrupción, es decir, de los 18 billones de pesos que se producen en promedio en el país al año, cerca de un billón de pesos se pierden por sobornos y otros delitos relacionados con la corrupción.
Con estas cifras resulta innegable la necesidad de atender el problema de la corrupción pero el Sistema Nacional Anticorrupción aún está lejos de ser una herramienta eficaz para el combate de la gran corrupción, aquella que cometen los políticos, mientras que si lo comparamos con otras áreas de la administración pública federal puede ser perjudicial para los ciudadanos.
En áreas necesarias como la Ciencia y la Tecnología, México no destina ni el 0.5 por ciento del PIB anual, pese a que los países más desarrollados gastan entre el 2 y el 5 por ciento de su PIB para el desarrollo de esa área, misma situación que ocurre con otras áreas como la Cultura, Medio Ambiente y Educación, cuyo presupuesto en más del 90 por ciento se emplea para el gasto de nómina.
Resulta irritante que mientras el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió más de 35 mil millones de pesos en una cadena de corrupción que favoreció no sólo al mandatario estatal sino también a sus colaboradores, los estudiantes, maestros, pensionados, jubilados y trabajadores dejaron de percibir ingresos que estaban etiquetados y que pese a que fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2013, por ser un miembro del mismo partido político del presidente de la República no recibió ninguna sanción.
Lamentablemente el caso de Duarte no es el único, prácticamente la mayoría de los gobernadores desviaron millones de pesos con prácticas corruptivas como César Duarte y Roberto Borge, probablemente los más visibles por el dinero que descaradamente desapareció de sus estados, pero en las esferas municipales ocurrieron situaciones similares y la corrupción, que Enrique Peña Nieto atribuyó como un fenómeno cultural, le dolió a millones de personas.
El presidente de la República también ha sido señalado por la corrupción, la famosa Casa Blanca que adquirió su esposa Angélica Rivera por uno de sus contratistas preferidos, Juan Armando Hinojosa Cantú, y que tuvo un valor superior a los siete millones de dólares, o el haber plagiado el 30 por ciento de tesis universitaria para obtener el grado de licenciado en Derecho son casos que perduran en el colectivo.
La percepción ciudadana sobre sus autoridades es negativa y en especial del gobierno de Peña Nieto, razón por la cual decidieron buscar un cambio en las elecciones del pasado 1 de julio y aunque el discurso de López Obrador de acabar con la corrupción desde arriba hacia abajo como se barren las escaleras puede tener muchos adeptos entre el electorado, en la vida real no se puede eliminar este problema simplemente con el ejemplo, probablemente será una buena acción pero los corruptos seguirán actuando de la misma manera hasta que las normas sean aplicadas y existan consecuencias serias para quienes participan en esta práctica.
Afortunadamente las grandes instituciones de educación superior de México como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Colegio de México (Colmex), la Facultad Latinoamericana de Estudios en Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) han comenzado a preocuparse por tratar de atender estas problemáticas acompañadas de organizaciones civiles que buscan atender la problemática de la corrupción.
Nota aparte: La corrupción también ocurre en la iniciativa privada y provoca pérdidas millonarias que puede generar la bancarrota, por lo que es necesario contar con manuales anticorrupción y códigos de ética actualizados para los trabajadores.