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El diputado Julio Valera Piedras, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para realizar adecuaciones en la Ley de Desarrollo Social del estado de Hidalgo con el fin de obtener mejores resultados en los programas y políticas implementadas, a través del establecimiento explícito de los requisitos mínimos indispensables para las reglas de operación de los programas sociales.
La iniciativa busca, explicó Valera Piedras, “ que todos los programas sociales cuenten con reglas de operación que establezcan: objetivos, población objetivo, derechos y obligaciones de los beneficiarios, medidas de monitoreo y evaluación”.
También, destacó, “deberán incorporar los enfoques de derechos, perspectiva de género e interculturalidad y la alineación de los programas a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”.
“De manera adicional, se plantea garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los programas de desarrollo a través de la adecuada difusión de éstos de acuerdo con sus necesidades”, explicó.
En específico, expuso el diputado priista, “publicar el material relacionado con estos programas en sistema Braille para personas con debilidad visual, contar con personal capacitado para atender a personas con cualquier otro tipo de discapacidad, como podría ser, personal capacitado en Lengua de Señas Mexicana”.
“El principal objetivo de la política social es ofrecer las condiciones necesarias para que todas las personas desarrollen, sin limitantes, su proyecto de vida. El diseño de la política social tiene como punto de partida la condición económica de las personas, y las principales carencias sociales que puede presentar”, refirió Valera Piedras.
“Por ello es importante que existan reglas bajo las que opera cada uno de los programas, las cuales permiten conocer el fundamento de su puesta en marcha, sus principales características, sus objetivos y los indicadores necesarios para poder medir su éxito o fracaso”, manifestó.
Valera Piedras destacó en su intervención ante el pleno que “estamos en un momento donde ha cambiado la forma de hacer política social en nuestro país, como legisladores, es nuestro deber asegurar que desde el diseño de ésta se cuenten con los requisitos mínimos que garanticen su idoneidad y pertinencia”.
Finalmente, el legislador del GLPRI propuso que “se aseguren los mecanismos de transparencia y evaluación que nos permitan mejorar la política social, y sobre todo, que no se excluya a nadie, mucho menos a las personas con discapacidad, de los importantes esfuerzos del Estado por brindar mejores oportunidades”, concluyó.