
En México deciden los mexicanos, advierte Sheinbaum sobre aranceles
PACHUCA, Hgo., a 9 de agosto de 2019.- Según el diagnóstico penitenciario del segundo semestre del 2018, emitido recientemente por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el ocho por ciento del total de la población en reclusión es de origen indígena.
Son 323 las personas privadas de su libertad que se encuentran en 10 de los 16 establecimientos penitenciarios de Hidalgo y en su mayoría hablan el Náhuatl, Otomí y Hñähñu.
Por lo anterior, Alejandro Habib Nicolás, Ombudsman en el estado, informó que de estos casos se tomarán muestras para verificar si los mismos se llevaron a cabo en el marco de la ley y se respetaron sus derechos humanos.
Tras su participación, hoy, en eventos relacionados con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de la CDHEH expuso que dentro del actuar diario de esa oficina está la obligación legal de la protección y defensa de los derechos humanos, que en el caso de los indígenas, al ser un grupo vulnerable, necesita especial atención.
Refirió que, a casi un año de haber recibido el cargo, ha visto avances sustanciales en el tema de derechos humanos indígenas y, tras la emisión del diagnóstico penitenciario más reciente, se detectó una cantidad importante de esta población en los centros de reclusión del estado de Hidalgo.
Por lo anterior, llevarán a cabo una revisión de los casos para conocer si los imputados recibieron el acompañamiento jurídico adecuado con respeto al debido proceso, así como verificar si tuvieron un intérprete, si entendieron lo que declararon y las consecuencias legales que están enfrentando.
Ello será posible con la aplicación de una figura jurídica que no se ha utilizado en Hidalgo, denominada Amicus Curiae (Amigo de la Corte) a través de la cual la CDHEH puede hacer ver a los juzgadores algo que pueda haber sido pasado por alto y que pudiera beneficiar a un indígena en reclusión para que cuente con el debido proceso.
Aunque no especificó la fecha en que se iniciará el muestreo de casos, justificó que, de las 100 personas que laboran en la Comisión, 80 ejercen la abogacía para los 84 municipios del estado y todas las atribuciones, pero se comprometió a que se dé la atención debida a los indígenas como miembros de un grupo vulnerable.