Prevé senadora persecución de empresarios detrás de investigaciones fiscales

PACHUCA Hgo, a 23 de agosto 2019.- Que no se emplee la prisión, ni se considere delincuencia organizada, ni un tema de seguridad nacional a algún tipo de delito fiscal bajo la figura del supuesto de empresas fantasmas, debido a que significaría una persecución a los empresarios, manifestó la senadora por Hidalgo, Nuvia Mayorga.

En su visita a Hidalgo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para dar una conferencia sobre la legislación en empresas fantasmas, la legisladora del PRI se dijo preocupada por la reforma de ley en este tópico, ya que la consideró repercutiría negativa para los empresarios formales.

Expuso que ésta ya se encuentra dictaminada en la comisión de Hacienda y así como en la de Justicia del Senado de la República, y más que componerse para facilitar las funciones recaudatorias, es una de tipo penal.

Es de este modo que a través de la bancada del Revolucionario Institucional, así como otras de las minorías en la Cámara Alta, es buscar que se quiete este carácter punitivo de prisión, además de que no se le considere como delincuencia organizada a quien cometa un delito

Además de que no sea este tipo de asuntos de seguridad nacional, sin embargo se dijeron de acuerdo en regular este asunto y se vaya con los que verdaderamente hacen de esta actividad un delito.

Aseguró la ex funcionaria estatal que de llegarse a aplicar, lo perjudicados serían los empresarios formales, lo cual los orillaría a la informalidad debido a lo riguroso que es esta legislación.

“No queremos un terrorismo, porque vamos a ahuyentar al empresario, se va a ir a la informalidad, o vamos a ahuyentar a que el empresario con inversión de capital extranjera que quiere venir a México a colocar una empresa, le va a dar miedo que por cualquier error lo vayan a catalogar como un delito fiscal y por lo mismo como si fuera delincuencia organizada”, expuso la senadora hidalguense.

Apuntó que de acuerdo con la ley se pretende recaudar 500 mil millones de pesos, mientras que este problema aleja de las arcas de la República en promedio anual 1.6 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.