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PACHUCA, Hgo., 2 de marzo de 2020.- Aún no se tiene respuesta por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo (PGJEH) la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por uso excesivo de la fuerza de agentes de la Policía de Investigación y que derivó en la muerte de una persona durante el cumplimiento de una orden de aprehensión en el 2018.
Asimismo, aún se compilan los datos pertinentes para resolver al respecto de la queja recibida por la Comisión con el número CDHEH-VG-0245-20, por presunta violación al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública.
En ambos casos, los policías fueron denunciados por afectados que, además, no estaban relacionados con los hechos que se investigaban.
En el primer caso, un hombre que presuntamente estaba en la calle cuando se ejecutaba la orden de aprehensión en un autolavado, fue golpeado en la cabeza con un arma de fuego, lo que le causó la muerte.
En el segundo, ocurrido en un fraccionamiento de Tizayuca, las agresiones fueron en contra de un vigilante de seguridad privada que custodiaba un fraccionamiento y, en atención a sus labores, no permitió la entrada a los agentes investigadores si no indicaban a quien visitarían y dejaban una identificación en la entrada, medida de seguridad que comúnmente toman varios fraccionamientos.
Entre los abusos de la Policía Investigadora, destaca también el hecho ocurrido en julio pasado, cuando elementos de esa corporación, armados, presuntamente confundieron al alcalde de Acatlán, Benito Olvera, quien, por temor a estar siendo víctima de un delito, no hizo caso a la orden de detenerse y los policías dispararon a su vehículo en una acción que puso en riesgo su vida y la de su acompañante.
No obstante tales casos, que fueron dados a conocer de manera pública por medios de comunicación locales y nacionales, se desconoce si la Policía Investigadora, bajo la dirección de Edwin Hernández Garrido, quien se limita a presentar informes sobre la efectividad de la corporación, ha buscado los medios para que los elementos a su cargo actúen bajo un protocolo de respeto a los derechos humanos
Igualmente, se desconoce si se atendió ya la recomendación de actuar en consecuencia en contra del jefe de grupo involucrado en el caso de 2018 o si existen sanciones contra quienes en Tizayuca violentaron al elemento de seguridad privada, quienes además mintieron a policías municipales para solicitarles apoyo una vez que los vecinos defendieron a su vigilante o contra quienes dispararon al alcalde, pues la orden superior había sido actuar en consecuencia.