Falla política ambiental de Hidalgo en combate a incendios, acusa SEHI

PACHUCA, Hgo., 14 de abril de 2020.- “En Hidalgo no existe una política para el manejo de incendios forestales, sólo una de fatalismo y aceptación de los mismos como un hecho ineludible, pero no una acción de prevención por parte de las autoridades, que sólo dicen que es temporada de incendios y que no pueden hacer nada”.

Así lo expresó Marco Moreno Gaytán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), primera asociación que se opuso, hace ya 15 años a la recategorización del Parque Nacional de Los Mármoles para su explotación minera, decreto que ha estado listo desde las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y ahora con Andrés Manuel López Obrador, pero que ha sido detenido por la acción del activismo medioambiental.

El incendio iniciado el domingo pasado en el municipio de Nicolás Flores y que apenas esta mañana se reportó como controlado en tres comunidades afectadas, pero con trabajos activos para evitar que se propague a cuatro más, y de cuyos daños aún no se conocen cifras oficiales y precisas, es un golpe más para el parque, pero también una muestra -dijo- de la ostensible falla de los gobiernos estatal y federal al no construir políticas públicas que realmente reduzcan la incidencia de incendios y la cantidad de hectáreas afectadas, afirmó el activista.

“No puede ser que las autoridades solo vean quemarse el bosque, hace falta revisar prácticas agrícolas, entre otros aspectos, pero principalmente se necesita revisar la actitud con la que se gobierna ambientalmente en Hidalgo, un incendio, para nosotros, no es un hecho aislado, sino que sucede en una urgencia de políticas públicas”, sentenció.

Aunque las causas del incendio no se han confirmado de forma oficial por parte de autoridades estatales, el alcalde Nicolás González Elizalde informó que el choque de cables de media tensión en la zona inició el fuego, lo cual, en opinión de Marco Moreno, es una afirmación que debe confirmarse y, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), solicitar un informe a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) sobre el presunto incidente, que puede ser ubicado por la misma y fincarse responsabilidad.

Dijo que pese a los daños “el incendio no puede ser ni será la puerta para que el Gobierno Estatal y Federal puedan insertar a las empresas mineras en el Parque Nacional de Los Mármoles, no vamos a doblar las manos, nos seguiremos oponiendo sistemáticamente a la recategorización y, si es necesario entrar en alianza con otras organizaciones, lo haremos, pero el futuro no se recategoriza”.

Agregó que la recategorización tiene que ver con la minería y consiste en entregar las casi 20 mil hectáreas que pueden explotarse a empresas mineras canadienses, lo cual evidencia una política histórica de servir a las empresas con gobiernos lacayos de representantes de los capitales financieros.

Denunció al respecto que, años atrás, se obligara a los campesinos a firmar cartas a la Presidencia de la República que exaltaran la existencia del parque como responsable directa de su pobreza, acción, que, dijo, es increíble, pues pone en peligro una zona que se ha querido desaparecer desde el gobierno de Miguel Osorio como una forma de supuestamente llevar riqueza.

“Nosotros decimos que no se puede llevar riqueza destruyendo la riqueza natural”, subrayó.

Por ello, informó que ya se encuentran buscando formas de comunicarse y tender redes con los habitantes de las comunidades, que, además, están incomunicados, pero serán pieza clave para dar continuidad a la protección del parque.

Descartó que las comunidades indígenas puedan ser desplazadas y, con esto, evitar una consulta obligada sobre el destino del parque, pues fueron desalojadas por un desastre, pero las autoridades, con el Plan DN-III, deberán ayudar a la gente a regresar a sus viviendas.

Comentó que desplazarlas constituiría una violación a sus derechos y a la autonomía de los pueblos, pero continuarán al pendiente de las próximas acciones tras el siniestro.

Finalmente, propuso que se construyan políticas articuladoras que expongan la función de las Áreas Naturales Protegidas, para lo que sirven, sus objetivos y una evaluación de cómo se cumplen los propósitos de conservación, así como informar cómo ayudan estas áreas para la calidad de vida de los hidalguenses y su función como patrimonio natural y cultural.

“Presumir que hace política ambiental, pero no hacerla, es perder el tiempo, y es lo que se ha hecho en Hidalgo y el país no sólo ahora, sino desde años atrás”, concluyó.