Buscan cárcel de hasta 8 años para funcionarios que se beneficien con insumos o vacunas en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., 17 de febrero de 2021.- De uno hasta 8 años de prisión busca la fracción legislativa del PAN que se imponga de sanción a aquellos funcionarios que a través de su influencia por cargo o comisión en la administración pública se beneficie para obtener con ventaja tratamiento, insumos o vacunas, esto en el contexto de la actual pandemia por Covid 19.

Durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXIV legislatura del Congreso de Hidalgo, a nombre del Grupo parlamentario de Acción Nacional, la diputada María Teodora Islas Espinoza dio lectura a la iniciativa que busca reformar el artículo 301 del Código Penal del Estado de Hidalgo, bajo el Capítulo tercero sobre Abuso de Autoridad.

En la exposición de la propuesta, la panista rememoró diversos episodios ocurridos en recientes fechas en diversos estados del país, entre ellos Hidalgo, donde funcionarios públicos se beneficiaron debido a su cargo público para obtener o dotar a terceros -ya sea familiares o colaboradores-, de esta vacuna contra el Covid 19, todo esto contrario a la política de vacunación, que antepone la aplicación a personal médico de atención en primera línea, y actualmente a adultos mayores.

Abundó que este tipo de trampas no sólo deben de quedar en el carácter inmoral, sino que deben de aplicarse penas severas para evitar estos abusos de autoridad, más en este contexto de la pandemia por Covid 19.

La legisladora puntualizó que estos actos no sólo entorpecen el proceso de vacunación, sino que afectan a quienes realmente lo necesitan, rubro que ya se manifiesta como ilegal y con penalidad en 8 estados del país, por lo que ahora Hidalgo busca sumarse.

De este modo, la propuesta implica el adicionar la fracción 12 al artículo 301 del Código Penal estatal que expone en esta fracción que:

“A quien utilice en cualquier tiempo las facultades atribuciones, poder o autoridad, inherentes al empleo, cargo o comisión que desempeñe en beneficio propio o de cualquier otra persona para acceder con prioridad, ventaja a cualquier tipo de atención médica, tratamiento, vacuna, o insumo médico”.

Añade: “Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos en la fracción décimo segunda se le impondrá de uno a 4 años de prisión y destitución e inhabilitación de 4 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de carácter público. Se duplicarán cuando la conducta se realice en periodo de emergencia sanitaria”.

De este modo, se busca una pena mínima de un año, la cual puede subir a los 4, y ésta, a su vez alcanzar los 8 años como máximo si el acto ilícito se realiza en temporada de alguna emergencia de tipo sanitario de otra índole.