
La calculada victimización
A la par del inicio de las administraciones municipales 2020-2024 se publicaron el 15 de diciembre del 2020 una serie de reformas a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo por las cuales los gobiernos municipales tienen que atender diversas disposiciones algunas de ellas son temas pendientes.
Uno de lo cambios es que se estipula que quienes integran los ayuntamientos no pueden ceder sus facultades a las y los presidentes municipales, tema que se acostumbraba para permitir que se firmaran contratos y convenios, ahora cada firma en específico debe de pasar en una sesión de Ayuntamiento, este tema llego en más de una ocasión al Tribunal Electoral dando la razón a las y los regidores generando ya una jurisprudencia, los municipios más grandes donde esto pasó fueron Huejutla y Tula.
Otra modificación es que se ponen fechas para la creación de los programas municipales de igualdad y no discriminación, así como el de gestión integral de residuos sólidos. Siendo temas pendientes en la mayoría de los municipios al momento.
Una modificación que es un pendiente importante se centra en que la Ley Orgánica estipula tiempos para presentar el Atlas Municipal de Riesgos y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, mismos que deben ser validados por el Ayuntamiento y que por falta de recursos son pendientes en muchos municipios, algunos pudieron acceder a una convocatoria emitida por SEDATU con el propósito de obtener recursos para su elaboración, sin embargo, los tiempos se les agotaron y podrían ser observados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Los gobiernos municipales deben de trabajar también en la creación de sus manuales de organización y procedimientos, mismos que deben estar vinculados al reglamento correspondiente, además de a un organigrama y a su tabulador de salarios.
Estos y otros temas tienen apurados a quienes trabajan en los municipios, pues pueden ser observaciones de la Auditoría, sin embargo, se suman a los pendientes que se tienen con la sociedad en materias prioritarias como seguridad y servicios públicos municipales, mismos que en términos políticos interesan más a los gobernantes y a los ciudadanos.