Un riesgo, la nueva ley federal de juicio político, señala diputado

PACHUCA, Hgo., 2 de septiembre del 2021.- El diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante aseguró que el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y de declaración de Procedencia que se discutió en el Pleno de la Cámara de Diputados, pone en riesgo la estabilidad política y social del país, pero también podría llevar a una crisis democrática y en nuestro sistema de instituciones.

Durante la primera sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, el legislador hidalguense precisó que no es posible permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de revanchismo político que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales. “Somos los representantes del pueblo, y nuestra función principal es legislar en favor de la justicia”, puntualizó.
Advirtió que el PRI votará en contra de dicho dictamen que también propone abrogar la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos, al tiempo que hizo un llamado a la prudencia y a que se realice un análisis serio y una revisión a fondo a fin de generar una nueva propuesta que no violente principios fundamentales de nuestra Constitución.

“La Ley que hoy discutimos, presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos fundamentales, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de poderes».

Además, dijo, viola el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios en el gobierno.

Como uno de los tres poderes de la Unión, añadió, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera están autorizados para aplicarlas. Esa es tarea del Poder Judicial.

En este sentido, el diputado Mendoza Bustamante reiteró que las y los priistas votarán en contra del dictamen porque consideran grave que afecte a la presunción de inocencia, el debido proceso y los Derechos Humanos y que, con esta ley, no se requieran pruebas para condenar.

“Debemos cuidar las instituciones de Estado y distinguir entre la política y la justicia. Si el presidente cometió un delito debe ser juzgado; pero debe juzgarse conforme lo establecen las leyes especializadas”, concluyó.