
De naciones no de personas
Este domingo, el gobierno municipal de Tula, llamó a los pobladores de al menos 9 colonias a evacuar nuevamente ante el riesgo de inundarse por tercera ocasión en semana y media; literalmente a los tulenses les llueve sobre mojado, y todavía no terminaban de limpiar los efectos de la inundación producto de las negligencias de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) delegación Hidalgo, cuando ya tenían otra vez las aguas putrefactas del río, al interior de sus casas, comercios y oficinas, pero también en las calles, que se han convertido en foco de infección.
Pero mientras los días transcurren y la recuperación en Tula se vuelve cada vez más lenta, la dirección local de CONAGUA a cargo de Hebert Eleazar Saucedo Rojas, omite su responsabilidad y culpa a los gobiernos municipales con el argumento de haberlos alertado de que iba a llover mucho, pero evadiendo que no fueron las aguas pluviales las que inundaron a las regiones Tula-Tepeji y Valle del Mezquital, sino las fluviales y el drenaje proveniente del Valle de México y que ellos administran.
Si bien es sabido que Protección Civil del estado fue inútil para alertar la inundación e incapaz de atender la tragedia, para nadie es desconocido que fue CONAGUA el organismo que suspendió las obras de revestimiento del río Tula que se desbordó; es C0NAGUA la que administra, abre y cierra las compuertas de las presas desbordadas en Tula, Tepeji, Nopala, Chapantongo, Alfajayucan y es el organismo el que echa al Túnel Emisor Oriente y al Central, el agua que tanto daño causó y sigue causando en Hidalgo; todo indica que el doctorado en Ingeniería Hidráulica que ostenta el funcionario titular en la entidad, no le sirvió de mucho y ahora la dependencia busca culpables del desastre, incluyendo el saldo de los 17 muertos.
UTHH, LÍOS UNIVERSITARIOS…
Una protesta por parte del personal docente el pasado 13 de septiembre, puso en evidencia algunos de los problemas que se viven al interior de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, UTHH, donde el rector Joel Hernández Mendoza es señalado de malos tratos, despidos injustificados y de favorecer a parientes y amigos para ocupar cargos en la institución educativa, sin importar si cumplen o no el perfil, como ocurre con Manuel Carro Abdalá, a quien impulsa para la dirección académica.
El asunto salió a relucir porque a por lo menos 15 catedráticos de las áreas académicas de Contaduría y Mecatrónica les alteraron horarios y les quitaron horas clase, lo que los llevó a advertir de un paro y hacer público que el rector Joel Hernández ubicó a su cuñado Abacu Sánchez como jefe de Servicios Materiales, a quien señalan de canalizar compras y contratos hacia el establecimiento Megho, que casualmente es de su propiedad, por lo que hablan de conflicto de intereses y hasta un posible desfalco por compras innecesarias y a sobreprecio mientras a los maestros les quitaban clases.
A los quejosos les repusieron su carga horaria, pero algunos aseguran que quedó pendiente el que se les otorguen los beneficios y prestaciones prometidas como lo es la seguridad social, que solo se les dará a unos cuantos y no a todos como lo ordenó el gobernador Omar Fayad. Igual piden que se atiendan asuntos que parecen menores pero que dañan a la institución, como el uso que el Rector y sus amigos hacen de los vehículos oficiales para servicio personal.
LEGISLATURA, SIGUE EL RIDÍCULO…
El trabajo de la mayoría de diputados locales que integraron la LXIV Legislatura del estado fue tan malo, que a pesar de que ya terminaron su gestión siguen haciendo el ridículo; al menos así se vio la semana pasada en cuanto al asunto de la reforma a la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional propuesta por Ricardo Baptista González y Noemi Zitle Rivas, pero también se evidenció ahora que el gobernador Omar Fayad ejerció su derecho de veto en cuanto a las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
En el último día del periodo ordinario de sesiones, con 16 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, los diputados de morena aprobaron el 31 de julio la propuesta de los legisladores Víctor Osmind Guerrero y Lisset Marcelino Tovar, para regular propaganda gubernamental y establecer algunas prohibiciones en cuanto a publicidad en medios de comunicación, pero cegados en su ignorancia, pasaron por alto que ello es facultad exclusiva del Congreso Federal y dieron el visto bueno al decreto de reforma, violando con ello el régimen competencial.
No solo eso, sino que por hacer las cosas de última hora y al aventón, no se dieron cuenta de que intentaron legislar en torno a un tema que ya está legislado; eso se enseña en la universidad desde el segundo semestre.
JUZGADOS, DAÑO PARALELO…
El desastre que se vive en el Valle del Mezquital dejó pérdidas multimillonarias y alrededor de 35 mil damnificados; pero concretamente en el municipio de Tula, al saldo hay que agregar el daño paralelo que se causa en materia de impartición de justicia y cuyos alcances aun no se pueden precisar, pues la inundación afectó la sede de los Juzgados Civiles y Familiares, donde la afectación es considerable a grado tal que tendrá que ser demolido todo el interior de la primera planta.
Así lo ha confirmado la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yanet Herrera Meneses, pero el verdadero daño no está en el inmueble, en el que por cierto todo el mobiliario quedó inservible, sino en el hecho de que los expedientes judiciales se mojaron en su totalidad por el agua inmunda del río Tula y aun no se sabe cuánta o qué documentación quedó destruida.
Es posible que se recupere la mayor parte, pero lo mucho o poco que se pierda es importante, pues tiene que ver con la impartición de justicia.
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DE REFILÓN: Trabajadores del Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo (CRIH) dependiente del DIF, han advertido que podrían realizar un paro de labores si no se frenan los abusos, malos tratos y excesos de la subdirectora administrativa Liliana Ortiz Corchado, de su asesora Delia Lira Casas, así como de Olga Zermeño Bejar, encargada de Servicios Generales; las acusan de acoso laboral, humillaciones y amenazas. De ello existe un antecedente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, donde está pendiente el procedimiento de queja número CDHEH-VG-3398-19; ahora corresponde al director general del DIF, Amadeo Franco Heres solucionar el problema o dejarlo crecer.
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