La Ley y el Orden en México. Historias de ayer y hoy

Twitter: @OswaldoRamirezG

RoboCop. Película hollywoodense (1987).

Para aquellos que nacimos a finales de los 80 del siglo pasado era habitual estar familiarizados con los programas que nutridos de simpleza. Parafraseando al “Tigre” Azcárraga estos brindaban entretenimiento a jodidos. En cuanto al cine de aquel entonces, La sexicomedia o cine de ficheras aspiraba su último gran aire en tanto que el cine policiaco cuyo remanente nos entregó los afamados “video homes” mostraba su mejor momento.

Nuestros padres, tíos y hermanos mayores solían agasajarse con cintas de aquellos que ahora son los supersoldados jubilados, esos que han creado una saga de cintas “Indestructibles” (The Expentables). De este lado de la frontera la versión mexicana de los héroes corría a cargo de policías, gatilleros y vengadores que a veces de lado de la justicia y otras por circunstancias extrañas de la trama se enfrentaban en contra de psicópatas, grupos criminales o policías corruptos. Valentín Trujillo, Rosa Gloria Chagoyán y los Hermanos Almada (Fernando y Mario), fueron los principales protagonistas justicieros.

Quien diría que aquellas tramas de explosiones, balaceras y ensangrentados burdos con el tiempo serían el pan nuestro de México. A principios de 1982 periódicos, pasquines y la corredera de voz en voz hablaba de unos cuerpos encontrados en la ribera del río Tula:

“Enigma impenetrable ha venido a ser el hallazgo de una docena de cadáveres en el río Tula. La policía y los cuerpos de seguridad carecen, al parecer, de pistas, por lo que la opinión pública está desconcertada…»

Así titulaba su editorial del 25 de enero de 1982 el periódico El Sol de México. Esto sería la punta del iceberg que unos años después desataría la investigación y el encarcelamiento de uno de los hombres más infames que ha pisado las filas policiacas de nuestro país; Arturo Durazo Moreno. “El Negro Durazo” protagonizó una de las etapas más sombrías en cuanto en delincuencia, complicidad, corrupción e impunidad de los últimos 50 años.

Si hablamos de los momentos que han sido cruciales para el recrudecimiento, deterioro y desconfianza en nuestras fuerzas del orden existen dos:

El primero corresponde al ascenso de El Negro Durazo durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) quien estuvo como jefe de la policía capitalina de la ahora extinta Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT). Cargo que mantuvo durante todo aquel sexenio, y el cual le permitió actuar con impunidad. Extorsionando subalternos, desviando dinero, abusando de su autoridad, desapareciendo enemigos, además de hacer de la policía capitalina su brazo armado con licencia para infringir la ley, por medio del cual conformó bandas delictivas, las cuales agrupo alrededor suyo manteniendo un pleno control en la capital de nuestro país y área metropolitana. El peculiar estilo de ejercer “justicia” de la dirección a su cargo se proyectó gracias a las inconsistencias del homicidio del matrimonio Flores-Izquierdo, pareja que tenía una relevancia y coto político importante, así como de la masacre del río Tula, donde a la altura del municipio de Atotonilco de Tula aparecieron doce cadáveres presuntamente de hombres de origen colombiano, los cuales presentaban signos de tortura y mutilación. Estos hechos así como la escandalosa construcción de su mansión; el Partenón, edificación ubicada a orillas de la playa de Zihuatanejo, Gro.

Con la llegada del presidente Miguel De la Madrid Hurtado (1982-1988), la nueva administración inicio averiguaciones que obligaron a Durazo darse a la fuga. Sin embargo, en 1984 fue arrestado y extraditado a México. Purgó una sentencia de ocho años al cabo de los cuales, quedó libre en 1992 alegando que ello se debía principalmente a su buena conducta y su deteriorado estado de salud. Murió el 5 de agosto de 2000 en Acapulco, Gro., a causa de un paro cardiaco derivado de su progresivo cáncer de colon. Se dijo en su tiempo que incluso ofreció al gobierno y magistrados pagar la deuda externa a cambio de reducir o liberarse de su condena. Esta acción refleja no solo el cinismo sino el hipotético poder monetario con que contaba.

Mientras que el Negro vivía a salto de mata, un cártel de droga se gestaba en tierras jaliscienses. En este algunos de sus elementos fundadores desertaron de las fuerzas públicas para conformar la que sería la primera organización de tráfico existente en nuestro país. A partir de entonces una quimera de complicidades, montajes, violencia y corrupción nos hacen saltar a la segunda etapa en la fractura del orden público. Me refiero al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En la que el protagonismo del “super policía” Genaro García Luna llevó a otro nivel la alianzas entre las fuerzas policiales y la delincuencia organizada. La línea se hizo tan delgada que en algún momento no se sabía quien trabajaba para quien, el resultado ya lo conocemos; una fallida guerra contra el narcotráfico que aún nos está cobrando las secuelas. Hoy como sabemos espera juicio en EE.UU., y tanto sus detractores como sus cómplices directo e indirectos, están a la expectativa de lo que pueda decir próximamente.

Finalmente, el polémico caso del actor Octavio Ocaña, nos presenta nuevamente un escenario vergonzoso ante fantasmas de la impunidad y abuso de autoridad. Pese a que las versiones sobre los hechos son contradictorias y han politizado el caso tanto a favor como en contra de la presente administración, este caso no es el único. La violencia a los derechos civiles por parte de autoridades policiacas no es exclusiva del Estado de México, el cual si bien es bastión del partido tricolor y “tierra de nadie”, pues actualmente alberga a más de 50 células criminales en todo su territorio, representa solo un fragmento de la gran tarea por depurar en cuanto a inseguridad y abusos a nivel nacional.

Ejemplos sobran en todo el territorio y lo peor es que no son exclusivos de un partido o ideología política sino el síntoma de una sociedad que pese a las buenas intenciones de nuestro presidente, aún falta mucho por avanzar hacia una moral, ética y valores en todos los sectores de gobierno. En el mes de mayo del año pasado en Ixtlahuacán, Jalisco, un albañil de nombre Giovanni López fue ultimado a balazos por no usar cubre bocas. A este se suman la negligencia en la detención de la doctora Beatriz Hernández en Progreso de Obregón, Hgo., así como el asesinato del joven veracruzano, José Eduardo Ravelo en Mérida, Yuc., quien murió víctima de golpes propinados por cuatro policías municipales de dicha localidad.

En los dos últimos casos, los culpables ya han cumplido sentencias y sanciones. Sin embargo la pregunta es ¿Qué hace falta para que esto a no suceda una vez más? Son muchos los casos anónimos que hay en nuestro país. Dependerá de los controles de confianza y que las prestaciones y salarios sean equitativos, ello evitara que miren hacia otro lado y disminuirá este tipo de atropellos ala ciudadanía. No basta con aumentar los beneficios y prestaciones al ejército y guardia nacional. Urge homogeneizar la capacitación y salarios a los elementos estatales, fuerza de tarea, mando único y policía municipal. De lo contrario solo se seguirán engrosando las filas del hampa… Una vez más.