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PACHUCA, Hgo., 9 de noviembre del 2021.- La actual administración estatal acumula una deuda general por poco más de 10.8 mil millones de pesos por pasivos adquiridos de adeudos de otras administraciones y de la deuda pública, la cual todavía una gran suma de ésta se heredará al próximo gobierno entrante septiembre de 2022.
Como parte de la comparecencia que se tuvo este día en el Congreso de Hidalgo con la titular de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, Delia Jessica Blancas Hidalgo, la funcionaria estatal puntualizó el monto que aún se debe a contratistas, proveedores y otros rubros se promedia en los 6 mil 610 millones 835 mil 955 pesos, al corte del 31 de agosto de este 2021.
Puntualizó que desde que se inició esta administración en 2016, se adquirió un adeudo en pasivos por 9 mil 638 millones 146 mil 399 pesos, del cual al día de hoy se logró reducir en un 31 por ciento, esto ante preguntas de los diputados en la sesión de este día.
Mientras que hay una segunda, en cuanto a aquella adquirida con las instituciones bancarias que de 5.5 mil millones de pesos, se saldó un monto por mil 348 millones de pesos, lo que refirió la funcionaria, representa casi el 25 por ciento de lo saldado.
Si bien resaltó la compareciente que ya se encuentra en el pago de intereses junto a capital, se evidencia que al ritmo que se ha pagado desde hace 5 años, deja un considerable pendiente por solventar, lo que dejará con gran parte de este adeudo aún en la siguiente administración que tomará posesión en septiembre del próximo año, que ronda a hoy a un aproximado de 10 mil 841 millones de pesos.
En la reunión por la glosa del quinto informe de gobierno, Blancas Hidalgo puntualizó que, de este adeudo no reconocido, nombre que le asignó a estos pagos inconclusos a proveedores, contratistas y bajo otros esquemas, parte de ellos se llegaron a negociaciones entre estos y el mandatario estatal Omar Fayad Meneses.
Mientras que otros, que refirió como aquellos que se quedaron en el tintero, que no se han podido pagar, estos están bajo un criterio de ubicarse como incumplidos en expedientes técnicos, que la Contraloría estatal no los admitió, o porque estos adeudos pasan por una situación de fiscalización.