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PACHUCA, Hgo., 22 de febrero del 2022.- El Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Salud de Hidalgo tiene que demostrar el destino y aplicación de 103.4 millones de pesos, por la falta comprobatoria de recursos para adquirir medicamentos principalmente.
De acuerdo con la entrega tercera de la Cuenta Pública 2020, pero en esta ocasión aplicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al puntualizar el origen de estos recursos que son federales, el gobierno de Hidalgo tuvo observaciones que derivan en una suma millonaria de recursos no justificados, esto bajo la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-13000-19-0885-2021.
Es por ello que bajo el acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, la ASF determinó que el gobierno de Hidalgo debe de aclarar el destino de 103 millones 426 mil 332 pesos.
La suma más elevada bajo las observaciones se hace para una solicitud de aclaración con la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 61 millones 208 mil 951 pesos por concepto de adquisición y distribución de medicamentos, asociados a la prestación de servicios.
Se precisa que la SSH no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por las adquisiciones y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos asociados a la prestación de los servicios, por lo que no fue posible comprobar que la adquisición de medicamentos se sujetó a los Precios Máximos de Referencia dados a conocer por el INSABI.
Otro de los señalamientos más onerosos hace referencia a un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 772 mil 968 pesos.
Lo anterior se desprende de que la ASF inspeccionó pólizas de las erogaciones con cargo a los recursos del programa presupuestario U013 vertiente 1, donde la dependencia estatal no proporcionó los registros contables y presupuestarios de las erogaciones ni la documentación comprobatoria y justificativa, situación en la cual no es claro el destinó de esos más de 39 millones de pesos.
Otro presumible daño se anuncia por 2 millones 135 mil 488 pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, y por el pago de gastos no autorizados, esto para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, mismo que sostuvieron con el Instituto de Salud para el Bienestar.
Y finalmente se pide la aclaración de la aplicación de 308 mil 923 pesos, mismos que se relacionan por conceptos de pagos a dos trabajadores con los que no se formalizaron la relación laboral mediante el contrato de prestación de servicios a quienes se les realizaron pagos por un monto de 74 mil 814 pesos, así como pagos superiores al monto contratado de 11 trabajadores por 234 mil 109 pesos en incumplimiento de Ley Federal de Trabajo, acentuó la ASF.