Presenta PRI iniciativa para garantizar convivencia de niños con madres en reclusión

PACHUCA, Hgo., 5 de abril de 2022.- Desde el Congreso de Hidalgo, la bancada del PRI presentó una iniciativa a fin de garantizar la convivencia de niños, niñas y adolescentes cuya guardia custodia estuvo a manos de sus madres en estado de reclusión, misma que deberá garantizarla el Estado con la aplicación de parámetros para este caso.

La iniciativa a nombre de la legisladora del PRI, Erika Araceli Rodríguez Hernández busca reformar el segundo párrafo del artículo 10; el artículo 23 bis; el párrafo quinto del artículo 26; el primer párrafo del artículo 103; y la fracción III del artículo 104; y adiciona el artículo 23 Ter, el artículo 23 Quáter y el artículo 23 quinquies a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.

Bajo esta iniciativa, entre sus puntos busca el incorporar a los establecimientos penitenciarios, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren viviendo con sus madres en situación de reclusión.

De igual forma, el garantizar el derecho de las niñas y los niños que sean hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, para que reciban una alimentación saludable, educación, vestimenta y atención médica, atendiendo el interés superior de la niñez.

Además de que cada penal donde se encuentre esta situación, habilite espacios que permitan el sano desarrollo y crecimiento de niñas y niños bajo esta condición.

“Los establecimientos penitenciarios deberán contar con espacios físicos que permitan las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo y crecimiento de niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión”, enuncia uno de los artículos de las reformas que se proponen.

Por último, se conmina en el transitorio a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado y de los establecimientos penitenciarios, contarán con un plazo de un año, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar las disposiciones reglamentarias necesarias para su cumplimiento.