Exigen justicia por caso de maltrato animal en Ixmiquilpan
PACHUCA, Hgo., 3 de junio de 2022. Negligencia, incompetencia y desinterés denunció una madre tras el actuar de las autoridades judiciales en materia familiar, que a poco más de un año de interponer una denuncia por incumplimiento de pensión alimenticia, no se ha notificado a la parte deudora, mientras que su expediente se mantiene parado.
“No es alta prioridad”, fue lo que asegura Georgina Allec Falcón le dijeron en el Juzgado de lo Familiar de Pachuca, después de batallar con varias dilaciones a un evento que mantiene a su hija menor sin el sustento que por ley le corresponde por parte de su padre, quien de la nada, se desatendió de sus obligaciones.
Expone que desde el mes de mayo de 2021 interpuso esta demanda de pensión a su ex pareja ante el Juzgado Cuarto de lo Familiar, esto tras 3 meses antes que su hija no recibió dinero del convenio de manutención que tenía.
De ahí, es que se da el actual calvario para ella y su hija, donde acentúa, proviene más de la negligencia de las autoridades judiciales, quien no han notificado, ni dar con el deudor alimenticio, esto pese a que Georgina puntualiza que el padre de su hija vive en una privada vecina, a 100 metros de donde vive ella.
Abunda que acudió un día con el actuario Josué Fidel López Bautista para notificar el hogar donde vivía su expareja, pero se negaron a confirmar por lo que no pudieron notificar.
Al respecto, el actuario le comentó que no sabía ni podía hacer nada al respecto, además de que en el reporte que tuvo que emplear tras la visita al domicilio del deudor, no lo hizo sino hasta dos meses después, con imprecisiones en el documento, como que se acudió a un domicilio equivocado, lo cual causó aún más el enojo de la quejosa.
A raíz de estos acontecimientos, se pidió entrevistar con la jueza Arminda Araceli Frías Austria, quien la atendió y expuso su caso junto a la serie de vicisitudes en el juzgado, a lo cual la representante del Poder Judicial se comprometió a buscar una estrategia junto al actuario para notificar al deudor alimenticio, mientras que le pidió solicitar copias certificadas para a su vez ir a denunciar al Centro de Atención a Víctimas (CAVI).
Sin embargo, añade Georgina, pasaron varias semanas acudiendo al juzgado para que le otorgaran estas copias, para lo cual se dio cuenta que no estaban atendiendo su caso y su expediente estaba parado, a lo cual le negaron estos documentos, sino hasta el día de ayer que por fin se los dieron.
Si bien se le cuestionó si consideraba que existía algún tipo de apoyo o palanca a su ex pareja para que no procediera su caso, descartó esta posibilidad, pues no está vinculado a alguna esfera política, sino que esto se debe en su totalidad al desinterés de las autoridades judiciales que minimizan su caso.
“A un año y un mes, sigo aquí sin poder hacer nada”, se lamenta pese a existir todas las condiciones para que se actúe en favor de su hija menor.
Aclara que, en caso de no tener una respuesta próxima, sin dudar acudirá a emitir su queja ante el Consejo de la Judicatura por el actuar despreocupado de las autoridades judiciales involucradas.
“No les importa en lo absoluto, para ellos son carpetas y si la gente deja sus carpetas, para ellos mejor. Ellos no están velando por mis derechos, los de mi hija”, reprocha.
Y alerta que no sólo su ex pareja violenta los derechos de su hija en lo económico y emocional, sino ahora quien se suma a esta cadena de violaciones son aquellos que deberían de ayudar.