Propone Morena regularizar estacionamientos públicos y privados

PACHUCA, Hgo., 18 de julio de 2022.- Tarifas con tope establecidas y establecer responsabilidades en caso de robos o daños, es la propuesta que se puso desde el Congreso de Hidalgo para regularizar la situación de estacionamientos públicos y privados.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados local, la fracción de Morena desde el legislador Andrés Caballero Zerón, propuso esta iniciativa para hacer adecuaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo con la adición del artículo 34 Bis y el artículo 34 Ter, donde se propone poner reglas claras para este tipo de giros.

Dentro de la explicación sobre el motivo de esta iniciativa, el morenista argumentó que, en estos sitios, principalmente en Pachuca, cada estacionamiento mantiene criterios y estándares distintos, es decir, operan como quieren.

“Cada estacionamiento establece sus propias condiciones de prestación de servicio que en muchos de los casos se advierte el famoso “no nos hacemos responsables de daños parciales o totales o robo a su vehículo” o que en otros casos su tarifa excede por demás los estándares tarifarios que corresponde al uso de dicho estacionamiento, es necesario clarificar su normativa y establecer el alcance tanto para los de carácter público como los de carácter privado”, acentuó el diputado.

De ahí y ante este escenario peculiar, el también presidente de Consejo de Morena Hidalgo primero busca en esta ley el Capítulo III del estacionamiento con el artículo 34 Bis donde establece que “los estacionamientos públicos y privados, deberán contar con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos”.

Mientras que el artículo 34 Ter, la Secretaría de Seguridad emitirá el reglamento y/o normativa correspondiente para regular y garantizar el servicio de estacionamientos públicos y privados, atendiendo entre otros aspectos los registros, tarifas, seguridad, responsabilidades, modalidades, horarios, implementando sistemas de control y supervisión a efecto de establecer las bases generales para su funcionamiento.

Además, se establece que se tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir el reglamento o normativa correspondiente.

Mientras que, los ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del Reglamento o normativa correspondiente, para armonizar o emitir su reglamentación en la materia.