Radar Político / Estafa millonaria, atentos …

@JoelSanRadar

Si la Procuraduría General de Justicia del Estado se mantiene en su dicho, esta semana que comienza podría ser en la que se conozcan avances concretos en cuanto a las indagatorias que se siguen por la “Estafa Hidalguense”, caso en el que se involucra hasta ahora a 13 presidentes municipales, dos secretarías y por lo menos tres empresas, Team Xao; Grupo Constructor Integral Cardavi y Aktacón Digital, así como una Institución de Guadalajara, Jalisco que se beneficiaron con cientos de millones de pesos que les fueron robados a los hidalguenses.

El gobierno de Hidalgo ha dicho que no habrá impunidad, que se investigará a fondo y que de nada serviría a los involucrados tratar de sustraerse de la justicia, pues el brazo de la ley los alcanzará a donde quiera que vayan, lo que hace confiar en que se actuará conforme a derecho y se fincará responsabilidad penal a quienes la tengan; el nombre de los municipios y alcaldes presuntamente involucrados ya se conocen, aunque algunos como los de Tepeji del Río y de Mineral del Monte “se defienden” diciendo que nunca tocaron el dinero; es más, el realmontense presume a sus allegados que a él no le harán nada porque “tiene expedientes de muchos políticos, incluso de la 4T hidalguense, a los que les sabe todo” desde que era “Director de Análisis Político” en la Secretaría de Gobierno.

En cuanto a las secretarías, diversas fuentes sostienen que son las de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, así como la de Contraloría, las involucradas en el asunto, en el que se ve como actor principal a César Román Mora Velázquez, que el 26 de julio de 2018 asumió como Secretario de la Contraloría y que tenía la encomienda de fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y cuidar el manejo de los recursos públicos, algo que evidentemente no se hizo, así que por acción u omisión, podría ser el primero en ser llamado ante la justicia y eso se sabrá en los próximos días.

CHARREZ, LA IMPUNIDAD…

Y mientras en el Poder Ejecutivo, insisten en una política de combate a la corrupción, a la impunidad y de “tolerancia cero”, trátese de quien se trate, en el Poder Judicial del estado que preside la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, encontraron el modo para beneficiar al político morenista Cipriano Charrez Pedraza, el ex-diputado federal desaforado el 24 de abril de 2019 y que desde septiembre de ese año se mantenía en prisión, primero por intento de homicidio en agravio de uno de sus hermanos y después por el homicidio de un joven que perdió la vida la noche del 6 de octubre de 2018, apenas un mes después de que el ixmiquilpense asumió la curul bajo el manto de la 4T.

Pero bajo el argumento de que se encuentra muy deteriorado de salud, Cipriano Charrez ahora se encuentra en prisión domiciliaria; no es la libertad, pero se le parece mucho, pues está en su casa con toda la atención médica y todas las comodidades que brinda una fortuna acumulada tras haberse desempeñado como presidente municipal, diputado local y federal.

Acostumbrado a utilizar la violencia, la presión y movilizaciones sociales para obtener de las autoridades lo que quieran; Cipriano Charrez logró en junio de este año que el delito por el que se encontraba preso se reclasificara de doloso a culposo y, justo después de la llegada de la 4T al gobierno, recibe el favorcito del Poder Judicial, que le cambió la medida cautelar; quizás ahora también logre el acuerdo reparatorio y el perdón legal que antes habían conseguido sus pistoleros, perdón, sus guaruras.

CUESTIONADO NOMBRAMIENTO…

En lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, este 5 de octubre culminó su gestión el ahora ex-fiscal anticorrupción Ricardo César González Baños, quien fue designado en el cargo por los diputados al Congreso del Estado en el 2017 y que hoy deja a su sucesor un rezago de más de 700 carpetas de investigación sin concluir y por ende sin judicializar, lo que representa una fiscalía de resultados injustificados y muy pobres.

El Congreso del Estado ha emitido la convocatoria correspondiente para que los interesados participen en el proceso para elegir al nuevo fiscal, lo que no será fácil ni rápido, así que por lo pronto ha quedado como encargado de despacho Edgar Salcedo Ortega, que hasta el miércoles pasado se desempeñó como Fiscal Especial para le Investigación de Delitos de Tortura, que es otro organismo inútil de esos que se crean como pura pantalla y al frente del cual fue designado por su amigo el ex-procurador Alejandro Habib Nicolás, que no hay que olvidar que también tiene su propia carpeta de investigación.

El problema es que el ex-fiscal de tortura no representa ninguna garantía como fiscal anti-corrupción, por el contrario, es un contratista que a través de la empresa Sallaedi Construcciones se benefició de obra pública por parte de aquellos a quienes ahora investigaría; Y por si fuera poco, se le vincula con los socios de lo que fue el Bar La Libertad en zona plateada, un antro de vicio que fue sede de escándalos y diversos delitos. ¡Imagínense! Si Ricardo Baños con una trayectoria como académico, ex-magistrado y mucho más no logró mucho en la fiscalía, pues su nuevo titular, menos.

ANULAN CONTRATO…

Donde deben estar muy contentos es en el ayuntamiento de Pachuca, pues los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado, resolvieron la nulidad del contrato firmado por la administración de la ex-alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán con la empresa Lumo Financiera del Centro, para el arrendamiento de luminarias tipo led para el alumbrado público de la ciudad capital.

Los juristas consideraron que el contrato fue violatorio de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, pues además de otras irregularidades, no contó con el aval de las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento, por lo que el Concejo de Administración Municipal que presidió Tania Meza Escorza, lo impugnó el 26 de diciembre del 2020, casi 5 meses después de que se firmó el negociazo.

El gobierno que ahora encabeza el alcalde Sergio Baños Rubio, siguió el proceso legal y se anota un importante triunfo en los tribunales.

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DE REFILÓN: Designación que también es cuestionada y se considera ilegal, es la del ex-consejero electoral Salvador Domingo Franco Assad como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pues la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es muy clara en señalar que funcionarios que hayan ocupado una responsabilidad como la suya, están impedidos por dos años, para ser designados en un nuevo cargo por el Ejecutivo o Legislativo, cuando hayan participado en la organización o calificación de su elección. Y precisamente fue designado por los diputados en cuya elección participó de manera directa, por lo que su nombramiento es violatorio de la ley; vale la pena preguntarse si no conocen la norma o se hacen tontos.

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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.