La tercer columna / La profesionalización de los servidores públicos

Las administraciones públicas contemporáneas se encuentran inmersas en un desafío permanente sobre la adaptación al cambio.  En todos los países del mundo, los gobiernos son orillados día a día a modificar notablemente su ser y quehacer político-administrativo, tanto desde una óptica cualitativa como cuantitativa. Las causas o razones para lo anterior pueden ser diversas y normalmente surgen de un ejercicio de reflexión sobre los factores tanto exógenos como endógenos, que corren desde la globalización, la competitividad en los mercados y en las organizaciones públicas, los procesos de Reforma del Estado, el establecimiento y consolidación de sistemas democráticos, entre otros, los cuales, demandan burocracias profesionalizadas, la imperativa exigencia de mejores servicios públicos por parte de la ciudadanía y el uso de nuevas tecnologías; lo que indudablemente modifica los vínculos transaccionales entre los gobiernos y la población.

En este escenario confluyen nuevos actores y nuevos temas en la agenda política-administrativa. Los gobiernos y sus administraciones públicas están obligados por mandato a mejorar su gestión y a prestar mejores servicios públicos;  por otra parte, los ciudadanos basados en los sistemas democráticos demandan día a día mejores políticas y servicios públicos que guarden congruencia entre lo que reciben y los impuestos que pagan.  En este orden de ideas, es necesario reconocer que los esfuerzos de profesionalización en los distintos órdenes de gobierno y administración subrayan la necesidad de un cambio o redirección de la función pública.  De ahí lo valioso de la profesionalización y lo que esto implica, ya que, esta debe observarse como una posibilidad real de cambio que centre sus esfuerzos en cerrar las brechas entre lo que deseamos como sociedad y los resultados mostrados por los gobiernos y que devienen de la ineficiencia, desconfianza ciudadana, corrupción, prácticas clientelares y patrimonialistas que desafortunadamente aún observamos en los gobiernos locales, estatales y nacionales.

La profesionalización puede definirse como la formación teórica y práctica antes y durante el ámbito laboral de cualquier persona con la finalidad de que cuenten con las habilidades, conocimientos y herramientas necesarias que permitan desenvolverse con eficiencia, eficacia y efectividad.  La capacidad de respuesta de los gobiernos municipal, estatal y federal depende de la preparación de los servidores públicos.  En la búsqueda de dar respuestas a los nuevos desafíos nos encontramos con un nuevo paradigma denominado “gerencia pública”, inspirada en los principios de la alta dirección que surge de la iniciativa privada, que debe responder a las complejidades políticas de la administración pública tradicional.

Para poder lograr un gobierno que brinde servicios eficaces, eficientes, responsables e innovadores, es fundamental el desarrollo de los colaboradores a través de la capacitación y profesionalización. De igual forma, es importante contar con un sistema de evaluación que mida los conocimientos y habilidades para el desempeño de cada uno de los puestos sustantivos.  Cuando el servicio público es apto, responsable y oportuno, la relación gobierno-ciudadanos es alentadora, refrendando el compromiso en favor del bien social, por tanto, el servicio público es considerado como un elemento de gran importancia en el funcionamiento de los gobiernos. No hay duda que un factor clave en la vida de las democracias es la eficacia del servicio público, esto significa que no es sólo un asunto de trámites y expedientes, sino un medio para que la relación gobierno-ciudadanos sea constructiva, respetuosa y confiable.

Por tanto, se puede establecer una estrecha relación entre la profesionalización y la creación de valor público.  Entendida esta última como la posibilidad de incrementar el sentido positivo que tiene un grupo social sobre la implementación de una política pública, un programa sectorial o un proyecto estratégico determinado.  Podremos decir que la generación de utilidades es a la iniciativa privada como el mejorar la percepción social del actuar es a la iniciativa pública.  Por ello, es preciso reconocer que para obtener un valor público maximizado es necesario, al igual que en las empresas, contar con personas y equipos de alto desempeño, que posean las habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes que se orienten permanentemente en atender las necesidades de la población.

Derivado de todo lo anterior, es necesario establecer algunos cuestionamientos a modo de conclusión que nos permitan discernir sobre la importancia de construir un sistema de profesionalización que responda a las exigencias cada vez más  complejas de la población.  Entre algunos de estos están:  ¿Qué tipo de administración pública requerimos? y a partir de esto, ¿Qué tipo de funcionarios y directivos públicos necesitamos?;  ¿Qué tanto nuestro sistema político forma e inserta a las administraciones públicas a funcionarios y directivos públicos con las capacidades necesarias?;  ¿El sistema que actualmente tenemos está diseñado para retener el talento necesario y desarrollarlo?;  ¿Existe una alineación estratégica entre la visión política y la visión administrativa?;  ¿Se comparten los mismos valores entre estas dos aristas para impulsar una propuesta de profesionalización de funcionarios y directivos públicos?;  ¿Le interesa realmente a la clase política, electa y designada este asunto de la profesionalización?;  ¿Cuáles son los obstáculos y resistencias para poder establecer esquemas de profesionalización en la administración pública?, y;  ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que deben atenderse para no afectar las relaciones entre políticos y funcionarios públicos y directivos con la puesta en marcha de un sistema de profesionalización de la administración pública?

“Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tener una, que tener una oportunidad y no estar preparado” – Les Brown (político estadounidense).  Nos saludamos en la próxima.