Radar Político / Salud, condiciones catastróficas...

Cuando están por cumplirse los primeros 60 días del nuevo gobierno, el diagnóstico que la médico Zorayda Robles Barrera, da respecto al Sector Salud en Hidalgo es preocupante; y es que según la Secretaria, se encontró con una dependencia desarticulada y en condiciones catastróficas, habla de un desvío de 120 millones de pesos, “dinero con el que se pudieron salvar muchas vidas” y precisa que ello apenas es un botón de muestra de lo mucho que hay de gastos no justificados, etiquetados en temas de atención al covid-19.

Pero no solo es que la pandemia haya servido como medio para desviar dinero y que se haya gastado sin transparentar; ya habíamos visto que en el Hospital de Tula se hallaron toneladas de medicamentos e insumos médicos que se dejaron caducar, mientras que en otras unidades de salud no hay suficientes medicinas.

Por si fuera poco, el nuevo Hospital General de Pachuca no está en posibilidades de uso; el Hospital Materno-Infantil tuvo que ser evacuado y quizás hasta lo cierren en definitiva; en el nuevo Centro de Salud Piracantos carecen de todo; se descubrió que a mil 636 trabajadores les robaban su salario y la quiebra del banco Accendo quitó a la secretaría 57 millones de pesos que se perdieron. De la mayoría de estas situaciones ya hay carpetas de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del estado; lo que no se sabe es cuando se judicialicen y si en algún momento lleguen a ser aprehendidos los responsables del saqueo.

LOS CONTRATOS, UN ROBO…

La Secretaria de Salud refiere como una de las irregularidades bajo investigación, un contrato al que nos referimos hace casi un año en este mismo espacio; ejemplo de cómo se utilizó la pandemia como pretexto para saquear; se trata de la contratación de la constructora grupo Amicizia, para impartir el curso-taller “Virus Sars-Cov2” con una duración de 30 horas a 800 burócratas, lo cual significó el pago de 33 millones 998 mil 832 pesos a la empresa representada por Ezequiel Santos Caro, según la licitación pública EA-913003989-N370-2021 a la que convocó la Oficialía Mayor a cargo de Martiniano Vega Orozco.

Lamentablemente el contrato que refiere la secretaria Zorayda Robles, no es el único; pues el contrato de la licitación EA-913003989-N371-2021, para impartir el mismo curso a 300 personas, se le adjudicó a QUI Asesoría y Logística de Comercialización, representada por Reyna Angélica Cortés León, una empresa dedicada a la comercialización de minerales, que se llevó 10 millones de pesos, cobrando por un servicio que ni siquiera pertenece a su giro.

De manera conjunta, ambos contratos otorgados por Martiniano Vega con el pretexto del COVID, sumaron 43.9 millones de pesos, para “capacitar” a mil 100 burócratas a razón de 40 mil pesos por curso, casi lo mismo que si hubieran pagado un semestre en alguna de las más prestigiadas instituciones educativas; obviamente se trató de un robo y hay que decirlo así, por algo está bajo investigación como parte de un desfalco. Por cierto, hay que tomar en cuenta que Grupo Amicizia también ha sido beneficiado con licitaciones por parte de los gobiernos municipales de El Arenal y Actopan, incluso por dependencias de reciente creación como el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.

COBAEH, GRAVE SITUACIÓN…

La llegada de 26 estudiantes del plantel Mecatlán del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo al Hospital Rural de Huejutla en condiciones de “intoxicación”, obliga a una seria investigación en torno a las causas, pues a pesar de que las autoridades afirman que en los estudios realizados a 16 alumnos no hay rastros de cocaína, metanfetaminas o de consumo de enervantes, no queda claro el con qué ni cómo se intoxicaron, pues unos padres de familia afirman que los análisis de su hija sí dieron positivo a metanfetaminas y ello debe prender las alertas en todo el subsistema educativo.

Lo que sí queda claro es que el silencio que en torno al tema mantiene el director general del COBAEH, Raúl López Valdez, refleja un enorme desinterés por lo que está ocurriendo, pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Julio Menchaca Salazar, se han pronunciado para abordar el asunto, en el subsistema callan, no atienden a los paterfamilias y no asumen medidas, tan es así que en otros lugares como ocurrió en Francisco I Madero, tuvo que ser el gobierno municipal el que se decidiera a implementar nuevamente el operativo mochila, encontrando estupefacientes entre los útiles escolares de tres estudiantes.

Hace unos días el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, habló de una situación grave detectada en una escuela secundaria sin revelar detalles y poco después se supo de una intoxicación en la Telesecundaria número 40 de Pachuca, pero no hay información precisa como tampoco de lo de Mecatlán, donde estuvo en peligro la salud de 23 jovencitas y 3 muchachos de entre 15 y 18 años.

SE BUSCA FISCAL…

El fin de la gestión de Ricardo César González Baños como Fiscal anticorrupción del estado, puso en escena durante algunos días a Edgar Salcedo Ortega, que conforme al reglamento, asumió el cargo como encargado de despacho en tanto el congreso designaba titular, lo que ya se hizo, pues la abogada Alicia Medina Castelazo, proveedora del Gobierno del Estado, es la nueva fiscal para la investigación de delitos de corrupción.

Lo anterior significa que Edgar Salcedo, quien algún tiempo estuvo vinculado al bar La Libertad, tendría que volver a su anterior puesto, es decir al frente de la Fiscalía anti tortura en la que lo nombró su amigo el ex-procurador Alejandro Habib Nicolás, pero todo indica que ya no le darán oportunidad y tuvo que presentar su renuncia, por lo que ya tendrá más tiempo para su constructora Sallaedi que recibía contratos oficiales; así que se busca nuevo fiscal.

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DE REFILÓN: Cuentan que para quienes saldrá muy cara la fiesta de fin de semana y el uso de vehículos oficiales para asuntos personales, es para un grupo de trabajadores del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, pues además de lo que tendrán que pagar, deberán explicar al director general Alan Austria Anaya, cómo es que dos automóviles de la dependencia fueron a parar al corralón de Seguridad Pública Municipal en Pachuca.

Resulta que los conductores (de los vehículos), se toparon la madrugada del sábado con el operativo alcoholímetro, rebasaban por mucho la puntuación permitida y los automóviles fueron a dar al encierro, del que no pudieron sacarlos, porque al pertenecer al Gobierno del Estado, solo personal de la Secretaría de Finanzas o de la Oficialía Mayor puede rescatarlos, claro, después del pago de arrastre y corralón. Dentro de un mes esos autos ya no tendrán que usarse tanto.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.