Así no, presidenta
@JoelSanRadar
Un conflicto entre los padres de familia de la fundación “Milka Amor Constante” y la fundación Delia Hidalgo, pone en el ojo del huracán a la ex-secretaria de Finanzas Públicas, Delia Jessica Blancas Hidalgo, pues mientras ella no parece estar muy preocupada por la situación de los 807 millones de pesos del Banco Accendo, ahora tiene un problema más en el organismo que lleva el nombre de su señora madre y que gracias a su influencia en la administración anterior, logró instalaciones y un terreno que ahora están en disputa.
El 15 de julio de 2021 se creó la fundación Delia Hidalgo para “brindar apoyo a niños con discapacidad y grupos vulnerables” y solicitaron un donativo a la administración estatal, justo cuando Jessica Blancas era la mujer más fuerte en el gabinete del ex-gobernador Omar Fayad Meneses; por obvias razones su petición fue aceptada por la Oficialía Mayor a cargo de Martiniano Vega Orozco y de inmediato les fueron donados 3 mil 50.611 metros cuadrados en una zona exclusiva, en la que construyeron sus instalaciones y oficinas, recibiendo como huésped a las fundaciones “Milka Amor Constante” y “Lumardi”.
Pero la directora Laura Elizabeth Chincolla Hidalgo ordenó la suspensión de labores hasta el 22 de noviembre, lo que significa según los quejosos, el desalojo de Milka y dejar por ahora sin terapias de rehabilitación a 48 niños y sin trabajo a sus maestros, por lo que ahora surgen dudas en torno a la utilidad que se le dará al predio que fue recibido en donación gracias a un evidente tráfico de influencias.
Ahora se sabe que la misma Oficialía Mayor vendió un terreno adjunto al señor Iván Ariel Gutiérrez Chincolla, por lo que toda el área quedó en familia. El caso es que si la fundación Delia Hidalgo by Milka no cumple sus objetivos en un periodo de dos años que está corriendo, tendrá que regresar el predio incluyendo sus modificaciones. El asunto es muy bueno porque debe ser el punto de partida para la revisión de las donaciones y ventas de terrenos que hizo el Ejecutivo en la administración anterior.
SEPH, MÁS QUE INVESTIGAR…
Mientras en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Corrupción, no se deciden a judicializar el asunto de la “Estafa hidalguense” (ni ninguno de relevancia), en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo surge algo nuevo que investigar, pues al asunto de los contratos que ha revelado el secretario Natividad Castrejón Valdez, hay que sumarle un problemita detectado en la coordinación de Administración y Finanzas, concretamente en la Dirección General de Recursos Financieros, en la etapa a cargo de Leopoldo Rodríguez Valdez.
Pues resulta que hay una prestación para los trabajadores que no se cumplió al menos en el último año, que es el “trámite de pago por defunción,” que es el derecho que tienen los deudos, a recibir una cantidad de dinero cuando fallece un familiar cuyos servicios estén en activo en la SEPH, pero en el proceso de entrega-recepción se ha detectado que hay muchos casos en los que no nada más no se pagó, sino que se afirma haber entregado el dinero a personas desconocidas, es decir, el dinero se esfumó. Hay otros casos en los cuales las familias llevan hasta un año de espera.
El asunto es que esta y otras irregularidades se dieron bajo el mando de ex-subsecretario Pablo Moreno Calva; entre el desorden que se encontró la nueva subsecretaria de Administración Marycarmen Mandujano cerrilla, igual se revisa el uso discrecional en la asignación y gasto de vales de gasolina; hay niveles educativos en los que la transa en este rubro suma muchos miles y aún así las personas investigadas siguen en sus cargos aprovechando la oportunidad de cubrir sus huellas o disfrazar las anomalías.
A pesar de que en Hidalgo los convocantes no mostraron una pobre organización y una reducida respuesta, en Pachuca no pasó desapercibido el llamado para movilizarse en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma que en esta materia impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado más que claras sus intenciones se someter al árbitro electoral a su voluntad personal y a la del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que la sociedad alzó la voz para expresar su desacuerdo.
Fue en la Ciudad de México en donde la marcha convirtió este domingo 13 de noviembre en un día histórico en defensa de la democracia y las instituciones, porque cientos de miles dieron su respaldo al INE que preside Lorenzo Córdova Vianello, que es un organismo ciudadanizado que costó mucho el construir, pero que se ha convertido en garantía de imparcialidad, por ello no debe haber marcha atrás ni volverse a los tiempos en los que el gobierno en turno controlaba las elecciones.
Elegir a los consejeros por la vía del voto popular, sería partidizar al organismo y obviamente sería morena el que con el respaldo gubernamental asumiría la organización control y calificación del proceso; sería juez y parte en cada elección y ello contradice por completo el espíritu democrático; el argumento de los altos salarios que cobran los abusivos consejeros, no es suficiente para destruir a la institución #ElINENoSeToca.
QUE EXPLIQUE…
Cuando se ha cumplido más de un mes desde que el ex-diputado federal Cipriano Charrez Pedraza abandonó la cárcel para seguir su proceso penal desde la comodidad de su hogar, el Poder Judicial del estado tiene mucho que explicar al respecto, pues el activismo político del también ex-alcalde de Ixmiquilpan, demuestra que el argumentar que su estado de salud era precario, no fue más que un pretexto para librarlo de la prisión preventiva.
Desde que la juez de control Karina Vertiz Marín reclasificó de homicidio doloso a culposo el delito por el que Charrez Pedraza se encontraba en prisión, se vislumbró la intención de abrirle la puerta; Y se confirmó a los pocos días de iniciado el nuevo gobierno, al que -por cierto- ahora critica mientras también se da tiempo para organizar reuniones y festejos en su hogar, desde donde se hace política y controlan diversas actividades.
La magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado, debería instruir una revisión al proceder de la juzgadora.
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DE REFILÓN: Un grupo de la sociedad civil impulsa ante la Procuraduría General de Justicia del estado, una solicitud para que se practique una auditoría legal a la carpeta de investigación que se abrió por un triple homicidio ocurrido el 26 de septiembre de 2021 en un antro de Ixmiquilpan, pues durante los hechos fueron “levantadas” dos mujeres que después aparecieron encajueladas y sin vida, pero extrañamente y pese a las evidencias que hay en video, el Ministerio Público hizo lo necesario para que no se vincule la ejecución con los feminicidios.
Los presuntos responsables, fueron detenidos y están sujetos a proceso, pero solo por las ejecuciones; quienes impulsan la solicitud afirman que un ex-procurador y notario “de altos vuelos,” tiene la mano metida en la defensa de la mujer que lideró el ataque y levantón. ¿Acaso no habrá justicia para esas dos mujeres “Amor” y “Cielo” solo porque se trataba de sexoservidoras?
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.