Regresarán limpiaparabrisas a Pachuca, con padrón e identificaciones
PACHUCA, Hgo., 24 de enero de 2023.- El Congreso de Hidalgo suspendió de su encargo por unanimidad de los alcaldes de Tlahuelilpan y Pisaflores por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, ambos agravados.
En sesión extraordinaria de este martes, ambos mandatarios locales fueron suspendidos de sus labores debido a su vinculación a la red de corrupción conocida como la estafa siniestra.
El primer dictamen a abordar fue el de Alfredo Díaz Moreno alcalde de Tlahuelilpan a quien se le vinculó a proceso por la presunta comisión de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública, mismo que notificó José Daniel Montaño Olvera, juez penal de control adscrito al primer circuito de Pachuca.
Mientras que el segundo se dirigió al caso de Luis Francisco González Garay quien también obtuvo esta vinculación a proceso bajo los mismos delitos, enviado a la soberanía por el juez de control Luis Raúl González Becerra.
Así, y posterior a aprobarse en la comisión de Gobernación de la LXV legislatura local, de los 26 diputados presentes en el pleno, todos validaron los dictámenes por el cual se suspende de sus funciones a ambos alcaldes.
También se determinó que en un periodo de 5 días los cabildos llamarán a los suplentes para asumir el cargo, que para Tlahuelilpan es Radamés Hernández López suplente, mientras que en Pisaflores Ricardo García Torres.
Cabe destacar que ambos alcaldes suspendidos se encuentran vinculados a proceso, pero no están privados de su libertad y recluidos en un Centro de Reinserción Social, pues el de Tlahuelilpan posee un amparo que evita cualquier acción privativa de libertad. A este alcalde sólo se le aplicó como medida cautelar la prohibición de acercarse a la presidencia municipal y contraer comunicación con personal de la misma.
Mientras que al mandatario de Pisaflores sólo se le aplicó la medida cautelar de la prohibición de salir sin autorización del estado sin orden judicial; además de la prohibición de acercarse o comunicarse con testigos.
En el caso de Díaz Moreno se le investiga por un monto de 39.3 millones de pesos, mientras que a González Garay por 30.9 millones de pesos en estas indagatorias por la estafa siniestra.