Congreso Hidalgo aprueba reforma de supremacía constitucional
PACHUCA, Hgo., 3 de mayo de 2023.- Lucero Calderón Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, consideró que este órgano colegiado se encuentra en riesgo de desaparecer o ser desmantelado por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del SEA, ante la abrupta disminución de la percepción de honorarios de sus miembros, que pasó de los 28 mil pesos mensuales a los mil pesos.
Este día en la sesión del Congreso de Hidalgo, diputados de esta legislatura subieron a hacer un posicionamiento donde reprocharon las decisiones tomadas por autoridades vinculadas a la lucha contra la corrupción, principalmente con esta reducción de honorarios que se otorgan a los miembros del CPC.
En el sitio, se encontraba Lucero Calderón Hernández, integrante del CPC y quien a partir del mes de junio asumirá la presidencia de este órgano, quien en entrevista consideró que sí hay un peligro de que se pretenda desmantelar la representación ciudadana que hay en el SEA.
Al rememorar toda la problemática, refirió que esta determinación la tomó el Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del SEA, instancia que en sesión a puerta cerrada decidieron hacer esta reducción en los honorarios de los 28 mil pesos hasta los mil pesos menos impuestos mensuales para sus integrantes.
Resaltó que este acuerdo, se propuso bajo la mano del anterior presidente Sergio Carlos Jiménez Martínez, quien asumió el encargo en enero y renunció precisamente después de la sesión donde se tomó esta decisión, esto el 31 de marzo pasado, aseguró Lucero Calderón Hernández.
Junto a la propuesta, se resalta que por unanimidad se votó a favor de la reducción de los honorarios, esto con el aval de aquellos que componen este cuerpo técnico, como lo son el contralor estatal Álvaro Bardales Ramírez, el auditor Jorge Valverde Islas, la fiscal especializada en delitos de corrupción Alicia Medina Castelazo, de la propia comisionada presidenta del ITAIH. Myrna Rocío Moncada Mahuem, junto a Jacqueline Velázquez Ramírez como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
De igual forma como integrante, la diputada Lisset Marcelino Tovar en su calidad de presidenta de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, precisa Calderón Hernández, no se encontró en la sesión antes referida.
Es así que plantea la integrante del CPC, que esto condiciona las acciones a implementar por parte de los integrantes, pues aclara que los 28 mil pesos que se destinaban a los honorarios se empleaban prácticamente en las acciones para implementar las medidas de combate y prevención a la corrupción, como capacitaciones, visitas y demás cuestiones.
Pues lo que con estos mil pesos nada pueden hacer, aunado a que, bajo la ley, los integrantes del CPC no pueden ejercer otra actividad durante su encargo en lo que forman parte de este órgano colegiado.
Es así que interpreta que esto se dirige a limitar o restringir la participación ciudadana en estos órganos, a fin de que poco a poco los orillen a claudicar para menguar o desaparecer al CPC.
Criticó que también una acción de este tipo desentona y es incongruente al discurso que se hace desde el gobierno del estado bajo el combate a la corrupción, pues estas acciones lo único que hacen es debilitar esta política y a sus instituciones controvertir las propias proclamas anticorrupción.