Laboratorio Público: Resignificar políticas culturales

PACHUCA, Hgo., 25 de agosto de 2025.- Al diseñar políticas públicas, planes, programas y acciones en el ámbito cultural, comúnmente se toman elementos de gestión, financiamiento o evaluación desde una perspectiva de gobernanza, heredada en gran medida de modelos neoliberales, que impulsan la descentralización, la eficiencia y la búsqueda de nichos de mercado. Si bien estos enfoques pueden ser útiles, el desafío de un gobierno progresista es resignificarlos para asegurar que estén al servicio de los derechos culturales.

Algunas políticas públicas que impulsan la descentralización lo han hecho transfiriendo responsabilidades con la finalidad de reducir costos. Sin embargo, cuando esta herramienta se reapropia con visión social, permite empoderar colectivos y reconocer trabajos de base comunitaria, visibilizando y fortaleciendo iniciativas incrustadas en el territorio.

Cuando se persigue medir la eficiencia, hablamos de evaluación de resultados. Un pilar en la gobernanza, la correcta medición de indicadores debe convertirse en una herramienta para demostrar que la inversión cultural genera retorno social y económico. Apostar por la cultura es apostar por sociedades más unidas, más pacíficas, con identidad y memoria.

Los mecanismos para fondear proyectos comúnmente se basan en convocatorias concursables. No obstante, un gobierno que apuesta por la equidad debe introducir criterios de inclusión que aseguren la participación de comunidades indígenas, jóvenes, mujeres y colectivos históricamente marginados, garantizando que la competencia no excluya, sino que amplíe la diversidad de actores beneficiados.

Al impulsar la inversión privada mediante estímulos fiscales, patrocinios o fundaciones, se debe tener en cuenta como elemento clave el contar con reglas claras que aseguren los beneficios a los sectores y actores culturales. En este sentido, las instancias públicas de cultura deben asumir un papel activo como mediadoras: construir puentes entre actores comunitarios y posibles financiadores, para democratizar el acceso a los recursos sin perder de vista la misión social de la cultura.

Cuando se busca vislumbrar la cultura como un sector económico, se puede utilizar el lenguaje de las “industrias creativas” para atraer financiamiento y justificar la inversión cultural ante otros sectores del gobierno. Esto debe hacerse manteniendo en todo momento la mirada en el acceso ciudadano y el valor simbólico de la cultura. La inversión debe ser una oportunidad y no una amenaza.

Considerar estos aspectos es importante, pero lo es más redirigir estas herramientas a objetivos sociales. Un gobierno con vocación transformadora no renuncia a los instrumentos heredados, sino que los resignifica: de la lógica del mercado a la lógica de los derechos, de la competencia a la inclusión, de la eficiencia financiera a la cohesión social.