Radar Político: Contratos del bienestar...

PACHUCA, Hgo., 22 de diciembre de 2025.- La asignación directa que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), hizo de un contrato por 993 millones 948 mil pesos, para que la empresa AGICRESA, edifique mil 808 viviendas de interés social en el municipio de Zempoala, se envuelve en la sospecha de que pudiera tratarse de un posible caso de tráfico de influencias, luego de que los principales beneficiarios de la multimillonaria adjudicación, resultan ser hermanos del diputado federal de morena, Ricardo Crespo Arroyo, ex-presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, que se olvidó de la playera tricolor y hoy parece cobrar las regalías de haberse vuelto moreno.

Arturo y Gibrán Crespo Arroyo, hermanos del legislador que algún tiempo perteneció al círculo más cercano del ex-gobernador José Francisco Olvera Ruiz, fueron favorecidos con el contrato de obra CO-PVB-095-2025, firmado en el mes de agosto por Iyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de administración del Infonavit, que en Hidalgo es representado por Canek Vázquez Góngora, quien era diputado federal priista cuando Ricardo Crespo llegó como presidente del partido en el 2011; Crespo dirigió el instituto político hasta el 2016, año en el que el hoy delegado de Infonavit, fue postulado como diputado local.

El diputado Crespo Arroyo, que este año se vio envuelto en la polémica por su protección a una mujer que junto con otras personas golpeó salvajemente a una vendedora de flores, cobra regalías a morena y, el gobierno federal vía Infonavit le da casi mil millones de pesos a sus hermanos. Contratos del Bienestar.

MILLONARIAS ADJUDICACIONES...

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) Tuzobús, iniciará el 2026 con nuevas unidades, 80 autobuses que se incorporan tras la adjudicación de un contrato por 662 millones 421 mil 775 pesos, que el organismo otorgó a la empresa Rammify Capital por el arrendamiento de los camiones por un periodo de dos años; operación que atrajo la atención, debido a que la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Lyzbeth Robles Gutiérrez, ya ha otorgado otros contratos a la misma firma, como lo fue uno por 2 millones 509 mil 312 que le adjudicó el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) por ocho camionetas.

Los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses por la contratación con Rammify Capital llegaron hasta el gobernador Julio Menchaca, quien afirmó que no hay irregularidad alguna y que era la mejor opción, pues salía más barato que la adquisición de las unidades; además, en una acción inesperada, la empresa ofreció donar los camiones al término del contrato que se deriva del proceso de adjudicación EA-913003989-N879-2025.

Pero no es una empresa cualquiera, recientemente el gobierno municipal de Mineral de la Reforma que preside Eduardo Medécigo Rubio, pagó a Rammify Capital, 13 millones 777 mil 737 pesos por la adquisición de 15 patrullas, 6 tipo sedán, 6 pick up y 3 SUV; casi simultáneamente, la administración municipal de Pachuca que encabeza Jorge Alberto Reyes, adquirió 33 patrullas con Rammify, 10 vehículos sedán, 10 camionetas Pick Up doble cabina, 3 SUV automáticas y 10 motocicletas por 19 millones 816 mil 164 pesos, cantidad proporcionalmente mucho más baja que la que pagó Reforma por unidad, donde el comparativo genera ciertas dudas respecto al contrato FAPFM25-Adquisición de Patrullas-LP10-2025 del ayuntamiento mineralense.

Rammify Capital también obtuvo un contrato por 49 millones 12 mil 320 pesos por la renta de vehículos y camionetas a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado; otro más con el sistema DIF Hidalgo; también ha contratado con el gobierno municipal de Tula de Allende, entre otros y, hasta con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), donde muchas adquisiciones se hacen bajo sospecha, al cabo que a ellos ni quien los audite.

AGRICULTURA, OTRA TRANSA...

Las investigaciones en torno a un millonario desvío en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (SEDAGROH), en el último tramo de la administración del ex-gobernador Omar Fayad Meneses, podrían derivar en la extinción de dominio de diversos inmuebles presuntamente edificados con dinero saqueado del erario.

Subsecretario de Administración y Gestión Social en la dependencia durante ese periodo, Arturo Ávila Brianza ya cuenta con una orden de aprehensión vigente, según trascendió ésta semana, en la que se conoció que de entrada, la Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción, cuya titular es Alicia Medina Castelazo, investiga el desvío de más de 23 millones de pesos y ha puesto el ojo en dos hoteles, uno en Tepeapulco y otro más en Actopan, así como en un establecimiento comercial de Pachuca, probablemente relacionados con el ilícito y utilizados como lavandería.

El ex-funcionario, hijo del ex-dirigente sindical Arturo Ávila Marín que fue diputado federal en la década de los setenta, es considerado prófugo de la justicia y, si no lo protege su amigo el Embajador, será cuestión de tiempo para que rinda cuentas ante la justicia.

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DE REFILÓN: Una investigación de la Fiscalía General de la República, que sigue la ruta del Gas Lp robado principalmente en el estado de Puebla, indica que el producto llega, se almacena y distribuye cada vez en mayor volumen en gaseras de Hidalgo, concretamente del municipio de Actopan, donde quienes se dedican al "gaschicoleo" han encontrado aliados para sus actividades ilícitas.

Esto significa que Hidalgo, no solo es la entidad en la que más creció este delito durante el 2025, sino que además, es receptor del hidrocarburo robado en otras entidades. Según la FGR, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y seis municipios del Estado de México, concentran el mayor volumen de robos y el número de tomas clandestinas relacionadas con el "gaschicol". En lo correspondiente a Actopan, se habla de que desde el 2023 se han identificado a personajes locales vinculados con este delito, pero inexplicablemente no se actúa contra ellos.

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Posdata: La pretensión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), de lograr un incremento de más del 160% en su presupuesto de egresos para el 2026, se frustró; y de los 652 millones de pesos que pedían para gastar el próximo año, solo recibirán 255 millones, casi 400 menos que lo solicitado.

Aún así, el organismo que preside la consejera María Magdalena González Escalona, salió ganando, porque en el presente ejercicio fiscal tuvieron 232 millones y eso que no hubo elecciones locales, pese a ello se aventaron la puntada de exigir mucho más, estrategia que parcialmente les funcionó porque aumento sí tuvieron.

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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.