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TEPEJI DEL RÍO, Hgo., 04 de febrero de 2026.- Ante la falta de pago de derechos por sus tierras, comuneros del ejido de Melchor Ocampo detuvieron las obras del tren México-Querétaro. Los labriegos bloquearon el paso de la maquinaria utilizada para la obra federal, acusando que el proyecto avanzó sin el aval de la Asamblea Ejidal y sin compensaciones por áreas de uso común.
De acuerdo con los manifestantes, el trazo ferroviario cruza 49 parcelas y diversas superficies colectivas. Señalaron que, aunque algunos predios ya fueron liquidados individualmente, los caminos y zonas de uso común fueron ocupados sin permiso ni indemnización. A esto se suman afectaciones no reparadas y adeudos históricos que datan de un proyecto ferroviario ejecutado en 1981 en esta zona del estado de Hidalgo.
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Ante la movilización, acudieron al lugar funcionarios de la Secretaría de Gobernación, entre ellos el delegado federal en Hidalgo, Luciano Cornejo Barrera, y la representante regional Tula-Tepeji, Gasuri Mota, quienes intervinieron como mediadores. Tras la presión, se ordenó la suspensión temporal de los trabajos y el retiro de la maquinaria pesada, instrucción confirmada por Miguel Ángel Contreras Forzán, director de Enlace Inmobiliario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El funcionario federal detalló que la subsecretaria de la SEDATU, Griselda Martínez, solicitó frenar las obras mientras se instala una mesa de negociación. No obstante, Contreras Forzán sostuvo que la maquinaria se encontraba en terrenos ya pagados y que el conflicto responde a una disputa interna del ejido por la impugnación de una asamblea ante la Procuraduría Agraria, lo que impide a la Federación avanzar en acuerdos colectivos por el momento.
Finalmente, los ejidatarios aclararon que no se oponen al proyecto del Gobierno de México, pero exigen un pago justo e indemnización conforme a derecho. Debido a que se trata de una zona industrial, los campesinos requieren una compensación de cinco mil pesos por metro cuadrado por los caminos comunales, exigiendo que se respeten estrictamente los protocolos de las leyes ejidales.