Bajo protesta laboran trabajadores del IMSS Tepeji
TULA DE ALLENDE, Hgo., 10 de febrero de 2026. El periodista Miguel Ángel Martínez Hernández presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, detención ilegal, ejercicio indebido del servicio público y daño moral, derivados de su aprehensión ocurrida la madrugada del pasado 31 de enero por parte de elementos de la Policía municipal.
La querella también se presentó por la exhibición indebida de su imagen en redes sociales sin su consentimiento, hecho que, de acuerdo con Miguel Ángel Martínez ocasionó afectaciones personales y profesionales.
Según el afectado la detención fue arbitraria ya que se le aseguró por una serie de faltas administrativas inventadas, que derivan de una campaña de odio y hostigamiento institucional relacionado con su labor periodística por parte del gobierno de Morena (2024-2027), encabezado por Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, cuyos actos de corrupción son continuamente exhibidos por el comunicador.
De acuerdo con el reportero, su detención fue una represalia directa del caso difundido sobre patrullas municipales que portaban placas de unidades particulares y el bochornoso tema de los sobres amarillos (sobornos hacía los integrantes del ayuntamiento para que voten a favor de las iniciativas de Cristhian Martínez).
El periodista señaló que la exposición de su imagen vulneró su integridad y reputación, y que considera estas acciones como parte de una persecución política derivada de su ejercicio informativo.
Martínez Hernández subrayó que no tiene nada personal contra el actual gobierno, y que desde hace más de 18 años, su trabajo ha mantenido una postura crítica frente a distintas administraciones municipales, independientemente de su filiación política.
Asimismo, manifestó que responsabiliza al municipio de Tula y al alcalde Cristian Evanivaldo Martínez Reséndiz por cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de su familia, en el contexto del conflicto que denuncia.
La carpeta de investigación quedó registrada bajo el folio 16-2026-00413 y fue radicada en el Ministerio Público con sede en Tula, donde se dará seguimiento legal a los hechos.
Hasta el momento, autoridades municipales no han emitido una postura pública sobre la denuncia presentada.