Sin perdón ni olvido

“El caso Carmona es una herida abierta para Morena, y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal”.Julio Scherer Ibarra

PACHUCA, Hgo., 12 de febrero de 2026.- Fundamental la revelación de Julio Scherer Ibarra en el libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder, en la que relata el origen del contrabando de combustible. La sospecha ahora es corroborada por un testigo inobjetable. Se sabía que Sergio Carmona, artífice original de ese crimen, en colusión con su hermano y con el director de Aduanas fondeaba campañas con recursos producto del contrabando. Lo que no se sabía era la intervención del colaborador más cercano del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, quien habría sido el enlace con el gobierno. Carmona, el Rey del Huachicol, “formaba parte fundamental en el engranaje electoral del partido en el norte del país”.

Como se sospechaba, el mal llamado huachicol fiscal, que derivó en una actividad criminal de alta escala tuvo como origen el financiamiento de campañas electorales y contó con el aval y la promoción de la Presidencia de la República, bajo la consigna de que el movimiento todo lo vale.

La investigación está en la FGR, como resultado de la exigencia de las autoridades norteamericanas, que documentaron las inconsistencias entre las salidas de combustible de Estados Unidos, los reportes de Pemex y la concurrencia del crimen asociado al tráfico de drogas. La ejecución de Sergio Carmona —quien estaba en pláticas con la DEA para obtener protección— ocurrió en el contexto de que la Secretaría de Marina ganara el control del sistema aduanal. Se presumía que era un intento del presidente por acabar con la corrupción ancestral de los civiles. Fue justo lo contrario. La Fiscalía de Gertz identificó a dos altos mandos de la Marina, muy próximos al almirante secretario Rafael Ojeda, como operadores principales del ilícito.

El contrabando de combustible inició con un objetivo político. Después, por sus dimensiones, derivó en una actividad criminal de gran escala que hizo del financiamiento político su blindaje y pretexto. Cuando el crimen obtiene permiso, crea una complicidad que convierte a la impunidad en un recurso necesario. El código de silencio se impone, y su desborde genera sus propias condiciones de disfuncionalidad. Tuvieron que denunciar las autoridades norteamericanas para que la Fiscalía actuara, en un contexto de ejecuciones y decesos sospechosos. El crimen en las entrañas del Estado.

Lo develado por Scherer Ibarra tiene la mayor trascendencia. No hay espacio para negar lo señalado ni para eludir responsabilidades. El acontecimiento es desgarrador porque evidencia el colapso del Estado: la actividad criminal se opera y se desarrolla desde la más alta oficina del gobierno. Tampoco puede minimizarse su continuidad. El contrabando no concluyó; lo prueban las indagatorias de la FGR. Además, el personaje clave en la operación desde la Presidencia es el responsable de la coordinación de asesores de la mandataria.

La presencia de Jesús Ramírez Cuevas indica que el régimen carece de anticuerpos para defenderse de sus propias amenazas. La presidenta Sheinbaum lo defiende, sus razones tendrá. El funcionario inculpado mantiene un papel protagónico en la agenda comunicacional de la presidenta. Un hecho que no debe ni puede soslayarse. Su separación no solo es obligada, sino también su investigación por la FGR.

Los triunfos estrechos de Morena en elecciones de gobernador en los estados del Pacífico quedan comprometidos por la sospecha del financiamiento ilegal de dos fuentes: la ya conocida concurrencia del crimen organizado, y lo que ahora se devela, los recursos generados por el contrabando de combustible. Los flujos de este contrabando fueron documentados y analizados con rigor por el exrector Francisco Barnés de Castro en su artículo Evolución del problema del huachicol y su impacto económico. Las cifras son reveladoras. Un dato merece especial reflexión: el contrabando se triplicó en 2024, año de la elección presidencial.

Llama la atención que la FGR saliera públicamente, sin fundamento ni argumentos, seguramente a solicitud de la Presidencia, a exonerar indebidamente al almirante secretario Ojeda, a partir de la revelación de que sus sobrinos figuraban como sospechosos principales en la operación del contrabando y en dos ejecuciones de funcionarios relacionados con las investigaciones. Posteriormente, no ha habido información alguna: un segundo círculo de silencio. La renovación en la FGR parece reafirmarlo, hasta que, nuevamente, una develación como la de Julio Scherer o una exigencia de las autoridades norteamericanas obligue a una respuesta.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín