MÉXICO: Síntomas de un Estado Fallido

PACHUCA, Hgo. 24 de febrero de 2026.- Los acontecimientos del 22 de febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo militar, constituyen mucho más que un episodio extraordinario de violencia, revelan una fisura estructural en la arquitectura del Estado de Derecho mexicano. La reacción coordinada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con bloqueos simultáneos, incendios, ataques a comercios, amenazas colectivas y suspensión de actividades educativas y laborales, son muestras de un nivel de control territorial y capacidad operativa que exige replantear, con rigor jurídico, conceptos fundamentales como soberanía, seguridad pública, monopolio legítimo de la fuerza y vigencia efectiva del orden constitucional.

La ofensiva criminal registrada en al menos veinte entidades del país incluyó obstrucción de vías generales de comunicación, homicidios, portación de arma de fuego, así como demás ilícitos previstos en la legislación vigente, al generar terror en la población mediante incendios, daños y amenazas masivas. A ello se sumó un fenómeno jurídicamente más grave que fue la imposición de “toques de queda” criminales, anunciados mediante mensajes, altavoces y amenazas directas. Este acto constituye una usurpación abierta de una facultad excepcional y exclusiva del Estado, solo posible mediante un decreto presidencial debidamente aprobado por el Congreso.

Que un grupo criminal pretenda y logre dictar normas de comportamiento obligatorio para la población es un indicador de quiebre sistémico en el funcionamiento del Estado de Derecho.

Este escenario confirma la vigencia contemporánea de la tesis de Max Weber: el Estado es el ente que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. La expresión “con éxito” es clave, pues la legitimidad normativa por sí sola no basta; la fuerza pública debe ser efectiva. Hoy, la distancia entre la legitimidad de la norma, que continúa perteneciendo al Estado, y la efectividad de facto, crecientemente disputada por organizaciones criminales, constituye el núcleo de la actual crisis institucional. No es que el Estado haya perdido formalmente su autoridad, sino que un poder fáctico demuestra capacidad para neutralizarla temporalmente, paralizando regiones enteras y dictando reglas basadas en la coacción.

La erosión del monopolio legítimo de la fuerza se agrava con la expansión de prácticas como el cobro de “derecho de piso”, mecanismo que opera como un impuesto criminal, un sistema de recaudación no estatal, sostenido mediante violencia, que sustituye materialmente la potestad tributaria del Estado en amplias zonas del país.

Cuando un comerciante debe pagar tanto al Estado como a una organización criminal para ejercer su actividad, y cuando el segundo pago es el que realmente garantiza por medio de amenazas la continuidad de su actividad económica, el contrato social queda profundamente vulnerado. La existencia de un régimen tributario paralelo es, en sí misma, una forma de desposesión jurídica, incompatible con el principio de exclusividad estatal del uso de la fuerza y con la obligación constitucional de garantizar seguridad patrimonial, libertad de comercio e igualdad ante la ley.

A partir de lo anterior, emerge inevitablemente la discusión sobre si México exhibe rasgos vinculados a la categoría sociológica de “Estado Fallido”. Varios de los componentes del concepto de Estado Fallido pueden ser identificados jurídicamente como lo son la pérdida de control territorial efectivo, cuando la ley aplicada no es la del Estado, sino la dictada por un grupo criminal; la incapacidad para garantizar servicios esenciales, especialmente la seguridad pública; y la erosión de legitimidad, cuando la población acata más las instrucciones del poder criminal que las de la autoridad constituida. La jornada del pasado domingo exhibió estos elementos con claridad perturbadora: la suspensión generalizada de clases, el cierre de vialidades, la parálisis económica y el temor colectivo no fueron producto de un desastre natural, sino de la decisión estratégica de un grupo delictivo.

El abatimiento de un líder criminal de alto perfil representa, sin duda, una victoria táctica del Estado, pero su impacto estratégico es limitado si no se enfrenta la estructura criminal que subsiste más allá de sus dirigentes. La capacidad del Cártel de Jalisco para responder con violencia nacionalizada confirma que el poder del cártel no dependía de un solo individuo, y que su presencia territorial responde a factores materiales como economías ilícitas robustas, redes de extorsión consolidadas, cooptación institucional en algunas zonas y, sobre todo, vacíos persistentes de autoridad.

La verdadera tarea pendiente es reconstructiva.

Reafirmar el Estado de Derecho exige entre otras cosas recuperar la presencia estatal efectiva en cada espacio territorial, no solo mediante despliegue policial o militar, sino con instituciones civiles que funcionen; desmantelar las estructuras económicas y logísticas que sostienen a las organizaciones criminales, particularmente los sistemas de extorsión y financiamiento ilícito y; restaurar la legitimidad mediante servicios públicos confiables, justicia pronta y una política criminal que trascienda la reacción y apueste por la contención estructural.

De no avanzar en estos frentes, México corre el riesgo de consolidar un orden dual, donde la soberanía constitucional permanezca como enunciado teórico, mientras el poder efectivo sobre la vida cotidiana recaiga en actores ajenos y contrarios al Estado. La crisis del 22 de febrero no debe ser interpretada solo como la respuesta violenta a un operativo exitoso, sino como un diagnóstico ineludible de la fragilidad que el Estado mexicano debe atender con urgencia y profundidad.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.