Lecciones de Italia: atacar el patrimonio ilícito para frenar la delincuencia

PACHUCA, Hgo., 17 de marzo de 2026.- Históricamente, la mafia surgió en Italia como una estructura familiar que explotó la debilidad institucional y la corrupción del Estado. El fenómeno ha sido ampliamente retratado en libros y cinematografía, acerca de la vulnerabilidad de un país tan importante como Italia ante la delincuencia organizada; lo que ha alimentado la pregunta central: ¿cómo pudo un país tan permeado por la criminalidad revertir la situación y doblegar a las organizaciones criminales?

La respuesta no radicó en la mera aprehensión de capos o sicarios. El Estado italiano comprendió que la verdadera palanca de poder de estas redes era su patrimonio ilícito. A partir del Maxi Proceso de Palermo y, posteriormente, con las reformas normativas de 1996 (Ley 109) y 2011 (Código Antimafia), se introdujo un cambio de paradigma: la confiscación de bienes vinculados a actividades ilícitas mediante un procedimiento independiente, en el que no es requisito una condena penal previa; basta que el titular no acredite la licitud de su patrimonio.

Este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente como una herramienta eficaz. Al privar a las organizaciones criminales de sus recursos económicos, se les despoja de la capacidad de operar y de proyectar una imagen de poder que atrae a jóvenes vulnerables. En otras palabras, se castiga tanto al autor material del delito como a quien se beneficia de sus recursos económicos, cuyo origen es un delito.

En la actualidad, el gobierno mexicano ha intensificado acciones contra los cárteles de la droga, pero una estrategia que se limite a detenciones sin atacar la base financiera corre el riesgo de ser insuficiente. El modelo italiano sugiere que la clave está en golpear la economía criminal.

Nuestra legislación ya contempla figuras como la extinción de dominio y el abandono de bienes; sin embargo, su aplicación práctica presenta limitaciones: los procesos pueden extenderse por años, y al concluir, los bienes suelen estar deteriorados o haber sido saqueados. Para aumentar su efectividad, convendría reformar estas figuras en dos sentidos:

1. Habilitar el uso o la venta anticipada de los bienes incautados por parte del Estado, evitando su depreciación.
2. Garantizar al propietario la devolución del importe obtenido más intereses legales en caso de que, al final del procedimiento, se acredite la licitud del bien.
   Con ello se protegería el derecho del titular de buena fe y, al mismo tiempo, se generarían recursos financieros inmediatos, reduciendo los costos administrativos que actualmente asume el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
   Nos encontramos en un momento coyuntural para la seguridad pública y la impartición de justicia en México. La experiencia italiana demuestra que actuar sobre el patrimonio ilícito es tan decisivo como perseguir a los responsables penales. Adoptar y perfeccionar este enfoque podría marcar la diferencia entre una respuesta reactiva y una política criminal realmente disuasoria.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.