Inconformidad por traslado de basura de relleno regional a Tlaxcoapan

TLAXCOAPAN, Hgo., 26 de marzo de 2026.– La posibilidad de que la comunidad de Doxey, en el municipio de Tlaxcoapan, se convierta en la nueva sede del relleno sanitario regional ha encendido las alarmas entre sus habitantes, quienes expresaron un rotundo rechazo a la propuesta de las autoridades comunales.

En entrevistas por separado, los pobladores advirtieron que la zona ya no tiene capacidad para soportar una fuente de contaminación adicional. Consideran un error estratégico y ambiental trasladar cientos de toneladas diarias de basura a terrenos de su asentamiento, especialmente tras los recientes debates sobre el manejo de residuos en la zona.

Señalan a autoridades comunales

La inconformidad surgió tras conocerse las presuntas intenciones del delegado Salvador Hernández de la Cruz y del comisariado ejidal, quienes habrían propuesto terrenos adyacentes a la autopista Arco Norte como sede para el depósito de basura de diversos municipios.

Los ciudadanos cuestionaron la ligereza de la oferta, señalando la falta de transparencia en los siguientes puntos:

• Estudios de factibilidad: ¿Existen análisis técnicos que avalen el uso del suelo para este fin?
• Impacto ambiental: La preocupación por la cercanía de mantos acuíferos importantes que podrían contaminarse.
• Salud Pública: Los terrenos propuestos colindan con una zona donde se proyecta o ubica infraestructura de salud, como un hospital del IMSS.

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El antecedente del Parque de Economía Circular

Habitantes de Doxey recordaron que recientemente la comunidad mantuvo una postura firme de rechazo al Parque de Economía Circular propuesto por el Gobierno Federal, el cual pretendía gestionar residuos de siete estados de la República.

"Doxey ya se salvó de recibir basura de medio país; no permitiremos que ahora, bajo el argumento de una necesidad regional, pretendan instalar un basurero que afectará nuestra calidad de vida", sentenciaron los inconformes.

La población hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para frenar cualquier acuerdo que no considere la opinión ciudadana y el impacto ecológico a largo plazo, advirtiendo que tomarán medidas de presión si la propuesta avanza sin consenso.