Padres ausentes, estado omiso, empresas irresponsables = generación perdida

PACHUCA, Hgo., 31 de marzo del 2026.- La era digital ha desatado una crisis silenciosa que amenaza el desarrollo de las nuevas generaciones. Afrontarla requiere analizar la responsabilidad compartida entre el Estado, las corporaciones tecnológicas y los padres de familia, un deber que se vuelve urgente ante evidencias cada vez más alarmantes.

Una de estas evidencias se observa en el campo de la inteligencia. A principios del siglo XX comenzaron a realizarse los exámenes de coeficiente intelectual (CI), que se han ido adaptando para obtener resultados más precisos. Desde sus inicios, estas pruebas indicaron que cada generación tenía un CI mayor; sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse a partir de la segunda mitad de la década de los 70, coincidiendo con el incremento de televisores en los hogares.

Esta disminución se ha acentuado en la llamada “era digital”. El uso extendido de tabletas, computadoras, videojuegos y celulares ha llevado a que, según demuestran diversas investigaciones, el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones sea menor que el de sus padres. El neurocientífico francés Michel Desmurget, en su obra “La fábrica de cretinos digitales”, señala que el uso indiscriminado y recreativo de estas plataformas es, en gran parte, responsable de estos resultados.

De hecho, un conocido ensayo publicado en The New York Times el 30 de julio de 2025, titulado “Pensar se está convirtiendo en un lujo”, explica que casi la mitad de la población estadounidense no leyó un solo libro en 2023. El trabajo también indica que los niños, mayoritariamente de clases socioeconómicas bajas, aprenden principalmente a través de internet, prefiriendo imágenes y videos cortos en lugar de textos densos.

Este fenómeno trae como resultado personas con mayor propensión a desarrollar trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad y depresión. En muchos casos, pueden volverse violentas debido al contenido que consumen, incluyendo la apología del delito.

Más allá de los diagnósticos clínicos, estamos hablando de la soledad de un adolescente en su habitación, cuya única validación proviene de un 'like'; de la frustración de un niño incapaz de concentrarse en un cuento porque su cerebro está habituado a la recompensa inmediata de un video de 15 segundos. Estamos formando generaciones que, a pesar de estar hiperconectadas, pueden sentirse más aisladas que nunca.
Es innegable que internet ofrece herramientas educativas y de conexión sin precedentes. El problema no es la tecnología en sí, sino el modelo de negocio basado en la extracción de nuestra atención a cualquier costo. Lo anterior no significa que debamos satanizar a internet, pero sí subraya la necesidad urgente de supervisar el ecosistema digital al que nuestros hijos están expuestos.

La preocupación es creciente. Apenas la semana pasada, autoridades de Nuevo México y California condenaron a Meta y YouTube por generar adicción a sus plataformas. Este es solo el inicio de una serie de demandas millonarias que enfrentan dichas empresas. Aunque el CEO de Meta argumenta que existen reglas que prohíben a menores de 13 años crear cuentas, también ha pedido a los padres estar pendientes, pues quedó demostrado que hay casos de niños que usan estas plataformas desde los 5 años.

Esta realidad, ya reconocida por los tribunales estadounidenses, se refleja de manera preocupante en nuestro día a día en México. Es común ver a bebés, niños y adolescentes pasar horas en internet sin que sus padres supervisen qué ven o con quién se relacionan.

Recientemente, en Michoacán, un adolescente de 15 años ingresó a su escuela con un arma larga y asesinó a dos profesoras. Tras su detención, se filtraron videos de las redes sociales del joven donde se identificaba como "INCEL" y publicaba amenazas. La noticia generó un intenso debate sobre si el menor debería ser juzgado como adulto, un clamor que llegó hasta la Presidencia de la República, quien se pronunció por llevar a debate si los menores de edad deben ser juzgados como adultos si cometen delitos graves.

Sin embargo, no podemos olvidar que México, como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está sujeto a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a ser juzgada de manera diferenciada por tribunales especializados. Como consecuencia, México promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a garantizar su desarrollo integral y a implementar medidas para prevenir y atender adicciones.

En este contexto, aunque la responsabilidad principal recae en los padres, el Estado tiene el deber de salvaguardar los derechos de los menores. Si en Estados Unidos ya se ha establecido judicialmente que el contenido de Meta y YouTube genera adicción, el gobierno mexicano debe actuar. La solución no es simplemente juzgar al adolescente de Michoacán como adulto —algo legalmente inviable—, sino velar por que el contenido digital favorezca el desarrollo de la niñez.

Términos como "INCEL" eran desconocidos para muchos, pero no para nuestros adolescentes, quienes a través de las redes están expuestos a la apología del delito y la "narcocultura". La obligación del Estado es vigilar que esos contenidos no lleguen a nuestros hijos, sin olvidar que los padres son los principales responsables.

Pero la vigilancia no es suficiente. Se requiere una estrategia integral. El Estado podría impulsar, por ejemplo, programas obligatorios de alfabetización digital en las escuelas, no para enseñar a usar aparatos, sino para desarrollar el pensamiento crítico frente a los contenidos. Las empresas, por su parte, podrían ser reguladas para que sus algoritmos prioricen el bienestar del usuario sobre la "maximización de la atención". Y nosotros, como padres, podemos establecer "pactos familiares" sobre el uso de la tecnología y, sobre todo, modelar un comportamiento digital saludable.

Hace años, el gobierno mexicano demandó en Estados Unidos a fabricantes de armas, argumentando que sus productos generaban violencia en la sociedad mexicana. Las preguntas ahora son: ¿Demandará el gobierno mexicano a Meta y YouTube por el contenido adictivo que ofrecen a nuestros niños? Y nosotros, como padres, ¿vamos a seguir permitiendo que nuestros hijos usen internet y las redes sociales de forma indiscriminada y sin supervisión?

El futuro de nuestra juventud depende de las respuestas que, como sociedad, demos a estas preguntas.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.