Cabildo de Tula sería encarcelado por incumplimiento de juicio de amparo

TULA DE ALLENDE, Hgo. 31 de marzo de 2026.- La totalidad de los integrantes del ayuntamiento de Tula de Allende podrían ser encarcelados por el desacato a la ejecutoria de un amparo de nivel federal, en torno a la creación del Consejo de Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública de Hidalgo, el órgano ciudadano debió conformarse durante los primeros 30 días naturales del gobierno 2024-2027 del presidente municipal Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz; sin embargo, a casi 19 meses de gestión, hasta ahora no se ha concretado.

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Ante el incumplimiento, el ciudadano Arturo Luna Lozano interpuso un amparo ante un Juez Federal, el cual fue concedido y quedó firme desde junio de 2025. Por lo anterior, la Asamblea Municipal debía discutir y analizar la creación de la mencionada figura desde la primera sesión ordinaria de Cabildo de julio del año anterior; es decir, desde el 7 de julio pasado.

Sin embargo, desde ese entonces, la Asamblea Municipal de Tula no ha puesto a consideración la creación del Consejo, por lo que acumula un desacato de 8 meses y 24 días. Esto podría llevar a la totalidad del Cabildo a ser encarcelados, pues en el amparo todos fueron señalados como autoridades responsables.

Ante la omisión de las autoridades municipales, y de acuerdo con integrantes del colectivo X La Paz y La Dignidad de Tula —agrupación que ha dado seguimiento al tema—, Arturo Luna, promovente del amparo, está por iniciar un incidente de ejecución de sentencia para presionar, mediante mecanismos de coerción, el cumplimiento de sesionar sobre la creación del Consejo.

Si el ciudadano inicia el incidente de ejecución de sentencia por omisión, los integrantes del ayuntamiento de Tula podrían hacerse acreedores a multas, encarcelamientos e incluso destituciones del cargo si el desacato persiste en el tiempo.

Por último, cabe mencionar que la principal función del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es actuar como un órgano de consulta, participación y evaluación ciudadana en materia de seguridad, prevención del delito y justicia, con el objetivo de fomentar la colaboración entre la sociedad y las instituciones.